4 julio, 2023

[Informe El País] La batalla por existir de las tribus aisladas de Perú

Amelia Alva, directora de la Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), participó en un informe de El País acerca de la lucha por la sobrevivencia de las tribus aisladas en el Perú en un contexto de explotación de los recursos de la Amazonía. El medio compartió las principales conclusiones del estudio que realizó, la jurista, hace algunos años, acerca del proceso de consulta previa que el Estado peruano realizó en 2015 para 26 lotes hidrocarburíferos. En dicha investigación, publicada en la Revista Deusto de Derechos Humanos, da cuenta que la empresa Perupetro solo les mostró el decreto supremo que iba a autorizar la firma de contratos de hidrocarburos. No aportó ni los estudios de impacto ambiental ni los contratos. “La buena fe, un principio básico del proceso de consulta, ha sido viciada […] la razón principal es que la información clave no estaba disponible”, concluyó Amelia Alva.

Su estudio sugiere que el resultado era previsible, dada la asimetría de poder y conocimientos entre el promotor de la medida (Perupetro) y los afectados. Por ejemplo, el proceso tiene siete etapas, pero en la quinta, varias comunidades todavía se preguntaban qué era el derecho a la consulta previa. Además, el Estado tiene poca o nula presencia en las remotas comunidades amazónicas, que acumulan carencias en materia de salud, educación, trabajo y titulación de tierras.

La consulta previa es, para algunas, la primera oportunidad de presentar sus demandas ante representantes del gobierno, sostuvo la jurista. Por ello, en lugar de centrarse en valorar las implicaciones de la actividad extractiva, las consultas devienen negociaciones sobre la cobertura de necesidades básicas: tú me prometes un técnico de salud y empleos, yo te firmo el acta.

“El Estado peruano no está abierto a discutir proyectos alternativos de desarrollo”, afirmó en su estudio. “Por el contrario, los hidrocarburos se muestran como el único modelo que resolverá los requerimientos materiales de las comunidades consultadas”. En declaraciones para el reportaje de El País, Alva reconoce el esfuerzo del Estado por llevar a cabo la consulta y considera que las actividades extractivas pueden ser positivas, siempre y cuando se garantice que las empresas protegen los derechos humanos, incluyendo los de los pueblos en aislamiento.

Informe completo publicado en El País el 30/06/2023