Alonso Cárdenas, coordinador de la Maestría en Ciencia Política con mención en gerencia pública de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), participó en un informe del diario La República sobre la aprobación de la polémica Ley de Amnistía en el Congreso peruano, la cual generó controversia a nivel nacional e internacional. Indicó que cuando un país se adhiere a una convención internacional lo hace "de buena fe", por lo que una sanción económica o militar no existiría, pero sí habría implicaciones políticas.
“Perú ha sido un incumplidor crónico de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que podría generar implicaciones políticas muy serias para el Estado. La primera es que nos van a colocar en el rubro de países que desacatan las convenciones internacionales. Nos pondrán al nivel de Nicaragua, Venezuela”, explicó el politólogo.
Lo segundo es que, al aprobar esta ley, no solo se está chocando con la CIDH, sino también con el sistema universal de las Naciones Unidas, lo que podría ocasionar una repercusión mayor, ocasionando dificultad en el ingreso del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). “La OCDE en sus informes ha señalado que es muy importante la separación de poderes y el respeto a los derechos humanos”, señaló.
Para Cárdenas es muy difícil que el Ejecutivo observe la ley, pues existiría una alianza tácita entre el Legislativo y el Ejecutivo. Sin embargo, argumenta que existe la posibilidad de aplicar un control de convencionalidad por la misma inaplicabilidad por parte de los jueces y fiscales. “Quien debería dirimir ese tema sería el Tribunal Constitucional, quien anteriormente ya había fallado señalando la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad”, indicó.