27 septiembre, 2024

Seminario “20 años del Código Procesal Penal” convocó a destacados expositores y promovió el debate de temas relevantes para la lucha contra el crimen organizado

La carrera de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) organizó el Seminario “20 años del Código Procesal Penal: ¿Reforma o contrarreforma?”, el 11 y 12 de setiembre. Eduardo Vega, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, en sus palabras de inauguración, advirtió que hoy asistimos a un claro propósito de destruir lo avanzado en la reforma penal peruana, especialmente, en la lucha contra el crimen organizado. Ello en referencia a los cambios normativos dados por el Congreso que modifican el proceso de colaboración eficaz u otorgan facultades a la Policía para investigar delitos preliminarmente. Estos y otros temas relevantes fueron analizados por los destacados expositores.

Primer día del Seminario

José Neyra, juez supremo, presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, enfatizó que si el Ejecutivo promulga la ley que otorga facultades a la Policía para investigar delitos preliminarmente, los investigados serán los principales beneficiados, generándose impunidad. “Con esta ley se formalizaría algo que en la práctica ocurre y que genera impunidad. Estamos en una contrarreforma con cada vez menos garantías ¿Qué va a pasar cuando la policía tenga que definir los actos de investigación preliminar? ¿Tendrá conocimientos de los elementos de la teoría del delito? ¿Qué pasará en los casos de flagrancia delictiva?”, mostró su preocupación.

Jorge Chávez, fiscal superior titular – coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, subrayó el papel que cumple el fiscal a cargo de la investigación frente a la colaboración eficaz. “Las investigaciones no se pueden basar en lo que dice un colaborador eficaz, su versión debe ser siempre sospechosa. Es el fiscal el que debe tener el manejo de la información, de lo contrario, el que domina el caso es el delincuente. Por ello, el fiscal debe tener todos los elementos para que se declare culpable. No se puede corroborar el dicho de un colaborador con el de otro colaborador porque ambos son delincuentes, lo que se debe buscar son evidencias del delito”, sostuvo.

Por su parte, Silvana Carrión, procuradora pública ad hoc Caso Lava Jato, también destacó que la colaboración eficaz es una herramienta necesaria en investigaciones para desarticular las redes criminales y contra altos funcionarios. Ello porque permite entender la complejidad inherente de este tipo de delincuencia. Explicó que el proceso penal especial antes solo estaba dirigido a personas naturales, a partir del caso de corrupción Lava Jato es que se incluye a las empresas como terceros civilmente responsables. En ese sentido, jueces penales han conseguido sentencias importantes y casaciones en la Corte Suprema de Justicia y con jurisprudencia basada en el criterio de responsabilidad civil de terceros.

Omar Méndez, expresidente del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE),explicó la situación actual del sistema penitenciario y analizó el perfil de la población penal. El delito que ocupa el primer lugar en ocurrencia es el de robo y el segundo, el de violación sexual. Y el 95 % de la población penal en el país son hombres. También detalló el marco normativo de la vigilancia electrónica personal (VEP) en el tiempo. “En el Perú, no se usaba la VEP como una medida alternativa a la cárcel, sino como un recurso cuando en el proceso vencía la prisión preventiva. El INPE nunca ha tenido más de 60 personas en esta modalidad, ha funcionado como un piloto. La aplicación del Código Procesal Penal ha mitigado el uso indiscriminado de la VEP”, señaló.

Joseph Dager, vicerrector académico de la UARM, brindó las palabras de cierre del primer día del Seminario: “Eventos como estos nos permiten hacer una proyección social importante como universidad. Debatir sobre el Código Procesal Penal es relevante porque vivimos un momento de ataque a nuestro sistema de justicia por parte del Congreso y de una narrativa que está dentro y fuera del Congreso que pareciera querer beneficiar a organizaciones criminales y a todo aquello que no tiene valores democráticos”, sostuvo.

Segundo día del Seminario

 Roberto Pereira, abogado del Estudio Benites, Vargas & Ugaz, presentó un “Análisis sobre la constitucionalización del proceso penal”. Indicó que, en materia jurídica, hay que insistir y debatir acerca del fundamento de las cosas para evitar que, en la práctica, se distorsione el ejercicio del derecho. Explicó que los tribunales constitucionales hace algunos años empezaron a desarrollar las garantías vinculadas al debido proceso y la Corte Interamericana también ha emitido pronunciamientos al respecto. De esta manera, se ha ido creando jurisprudencia para la protección de los derechos fundamentales cuando se transgrede un bien jurídico penal. Esto es un proceso dinámico que no ha concluido, cada cierto tiempo se plantean problemas de vigencia de derechos sobre el ius puniendi.

Paul Vizcarra, profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la UARM y PUCP, y Andy Carrión, profesor de Derecho Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), mantuvieron un diálogo sobre las “Perspectivas de mejora en la reforma procesal”. Analizaron las propuestas legislativas vinculadas a la modificación de las facultades para la investigar preliminar. Revisaron si es posible, constitucionalmente, dividir la investigación, en una conducción jurídica y en una conducción material. Dieron cuenta que a los abogados no les enseñan la persecución forense del delito, en tanto que los policías tienen una exigua formación en derecho. Es por ello que, en la práctica existe una complementariedad en la labor.

Finalmente, Lucía Nuñovero, directora general de la Dirección General de Asuntos Criminológicos del MINJUSDH, presentó su ponencia en el “Impacto de la reforma procesal penal desde la perspectiva del MINJUSDH”. Amelia Alva, jefa de la carrera de Derecho de la UARM, brindó las palabras de clausura del Seminario. Agradeció a los expositores por el debate de ideas y por enriquecer la perspectiva de los estudiantes. Les recordó a los jóvenes que como futuros abogados desde su etapa formativa pueden ser agentes de cambio para nuestra sociedad y, precisamente, al ser parte de estos encuentros académicos muestran su compromiso con su carrera.