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El Perú se desangra. Al momento de escribir estas líneas, se difundía la noticia de un profesor de escuela acribillado delante de sus alumnos por un presunto ajuste de cuentas. Una semana antes, Lima amanecía conmocionada por el homicidio a sangre fría de cuatro pasajeros en una combi, una de ellos una joven madre que fue alcanzada por los proyectiles mientras cargaba a su bebé de dos años. El promedio de asesinatos en el país es ya de cinco por día, un record nunca antes visto con tendencia al alza. Ante este escenario ¿qué hacer?
Es evidente que el gobierno de Boluarte no ha logrado manejar la situación, que claramente se ha salido de control. Su gestión, inaugurada con la trágica muerte de 50 personas, lleva consigo una pesada lápida que a estas alturas resulta imposible de revertir. Con una popularidad de apenas 4%, un récord mundial de rechazo, la prognosis se agrava aún más. ¿Qué queda por hacer? La opción más sensata es la renuncia de la señora Boluarte y la formación de un gobierno de transición que convoque a elecciones inmediatas. La pregunta que surge es: ¿cómo lograrlo?
Lo primero que se tiene que hacer es una gran movilización nacional de protesta, que una a transportistas, bodegueros, mototaxistas, emprendedores, trabajadores del campo, estudiantes y gremios empresariales. Parar para no morir debe ser la consigna.
En segundo lugar, la presidencia de la República deberá ser asumida de manera temporal por alguno de los congresistas que votaron en contra de otorgar la confianza al gabinete Otárola. Esto es fundamental, ya que el nuevo gobierno necesitará oxígeno y legitimidad, y ninguno de los 73 parlamentarios que respaldaron al ex premier está en condiciones de ofrecerla.
Tercero, el nuevo mandatario como primer acto de gobierno debe hacer una cuestión de confianza para abolir la ley Nº 31355, ley que regula la cuestión de confianza. Dicha ley significó el quiebre del equilibrio de poderes en el país y se tradujo en un avasallamiento por parte del congreso a todos los poderes del Estado. Los movimientos sociales y gremiales deben poner una enorme presión al parlamento para que derogue esa ley.
Cuarto, con la ley Nº 31355 derogada, el gobierno de transición debe plantear una nueva cuestión de confianza para derogar toda la maraña legal que ha aprobado el actual parlamento, que va desde la norma que elimina las PASO hasta la ley N°32108, la famosa legislación pro delincuencia. En este punto, ya se debe tener claro que los partidos políticos actuales no tienen representatividad alguna, que la verdadera representatividad está en la calle, con los ciudadanos.
Quinto, paralelamente, el gobierno debe colocar a los mejores y más experimentados cuadros en el gabinete, con especial atención en el Ministerio del Interior. Además, tiene que advertir en cadena nacional la gravedad de la situación, que se van a requerir medidas desagradables pero necesarias para enfrentar una situación límite.
Sexto, un canciller curtido y pergaminos, deberá explicar a la comunidad internacional que este tipo de medidas se dan en un contexto de implosión institucional del Estado, y que el objetivo es salvar a la democracia peruana. De igual forma, que las elecciones generales se llevarán a cabo indefectiblemente en un año.
A manera de conclusión, considero que el proceso de colapso del estado peruano se ha acelerado y se ha agravado, acercándose a un peligroso punto de no retorno. Es necesario que un capitán con experiencia y moralmente solvente agarre el timón de un barco que se hunde. Todavía nos queda una pequeña ventana de oportunidad, no la desaprovechemos.
