El objetivo fundamental de este artículo es aclarar una importante cuestión que no debería necesitar aclaración, en la medida en que constituye un supuesto básico de las democracias liberales: el Estado debe ser aconfesional (“laico”). En las sociedades modernas, el muro que separa la religión y la política debe ser firme, y los ciudadanos tienen que estar dispuestos a defender su existencia, así como a criticar a aquellos personajes que pretendan saltárselo impunemente.
¿Por qué las sociedades liberales requieren una frontera nítida entre religión y política? Lo que la teoría política liberal se propone evitar es la persecución religiosa, la violencia por razones de credo, el trato desigual de los ciudadanos por su fe (o por su falta de fe). El liberalismo traza esta frontera como una solución frente a las guerras religiosas que ensangrentaron Europa en los siglos XVI y XVII. La idea básica es que un Estado confesional reprime las libertades individuales y es potencialmente totalitario.
Un Estado es aconfesional si cumple estrictamente con tres condiciones. 1) si no cuenta con una religión oficial; 2) si protege la libertad religiosa y la libertad de conciencia de sus ciudadanos; 3) si existe independencia entre el Estado y las iglesias. En una democracia liberal el Estado se declara neutral en materia religiosa: él no se pronuncia sobre si existe una religión verdadera y cuál sería esta. El Estado no otorga privilegios de ninguna clase a ninguna religión, ni siquiera a la confesión que sea mayoritaria. Su misión es garantizar el trato igualitario a todos y cada uno de los ciudadanos.
Los conservadores suelen malinterpretar estas ideas, y suponer falsamente que la teoría política liberal busca “desespiritualizar el mundo social” e incluso “acabar con la religión”. Las democracias reconocen la significación de la fe en la vida de muchos ciudadanos; precisamente por ello reserva esa importante cuestión a la decisión libre de cada persona. Los filósofos políticos liberales tampoco sostienen que el tema religioso sea exclusivamente privado. Los credos también incorporan reflexiones sobre la justicia y el bien humano que pertenecen al ámbito de la sociedad civil. Estas reflexiones enriquecen la discusión cívica en la medida en que puedan formularse en términos que todos los ciudadanos –creyentes y no creyentes– puedan comprender y examinar en el espacio público. El lenguaje de los derechos puede así convertirse en el léxico público que recoja estos aportes a la sociedad.
Una sociedad democrática preserva su salud si observa celosamente la división entre el Estado –que debe garantizar la igualdad y la libertad de sus ciudadanos– y las iglesias. Las mutuas interferencias han generado a menudo confusión y lesión de derechos. Un ciudadano responsable y lúcido debe tener claro aquello que corresponde a su Dios y aquello que le debemos a una República libre.
Artículo publicado en el Diario Oficial El Peruano el 11/03/2021
Sobre el autor:
Gonzalo Gamio Gehri
Docente de la carrera de Filosofía de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y de la PUCP.