17 noviembre, 2020

[Artículo] Gonzalo Gamio: La baja política

     Hay momentos cruciales en la vida nacional en los que guardar silencio no constituye una opción, especialmente cuando se es testigo de una injusticia. Lo que ha sucedido el pasado lunes en nuestro país es inaceptable. Una mayoría del Congreso de la República – instigada por algunos grupos políticos claramente identificables – se ha servido de una figura legal sumamente controvertida y distorsionada para vacar al Presidente Vizcarra. Poco le ha importado que el pueblo peruano esté enfrentando una pandemia y una aguda crisis económica; estos grupos han preferido satisfacer sus propios intereses de poder a expensas del sufrimiento de la ciudadanía. Se han coludido oscuros personajes que han renovado sus pretensiones iniciales de destituir al mandatario, e incluso algunos congresistas han denunciado presiones para apoyar la moción de vacancia[1]. Finalmente cumplieron su cometido. Resulta desconcertante que estas acciones hayan tenido éxito amparándose en el silencio del Tribunal Constitucional, institución que no se ha pronunciado aún sobre el uso correcto del concepto de incapacidad moral permanente.

Esta destitución disfrazada de legalidad constituye, en opinión de respetados juristas, un auténtico golpe de Estado que pone fin a veinte años de democracia en el Perú. Este golpe de timón tiene lugar a pesar de que la mayor parte de la población – de acuerdo con las encuestas más recientes – se declaraba en contra del proyecto de vacancia presidencial a escasos cinco meses de las elecciones. En diversas ciudades del país los ciudadanos están expresando su repudio a un gobierno que consideran ilegítimo. Protestan contra una “clase política” indolente y comprometida únicamente con sus intereses de facción. Por su parte, numerosas instituciones han rechazado esta medida que vulnera la institucionalidad democrática y el equilibrio de poderes[2]. La Organización de Estados Americanos (OEA) acaba de pronunciarse sobre la situación de nuestro país y exhorta al Tribunal Constitucional a dirimir sobre las decisiones tomadas por el Congreso peruano[3].

Resulta indignante que los congresistas que vacaron al presidente hayan recurrido al tema de la moral pública y a la lucha contra la corrupción como estandartes de batalla. Es curioso que sobre muchos de ellos pesan investigaciones y graves acusaciones en esta materia. No cabe duda de que las acusaciones contra Martín Vizcarra se basan en indicios que justifican una investigación y un proceso formal que debería llevarse a cabo una vez concluido su período presidencial. No obstante, el Congreso lo sometió a un “juicio político” que no corresponde a lo establecido por la ley, la cual estipula que el Presidente de la República no puede ser acusado durante su gestión. La ruta legal implicaba esperar al 28 de julio. Sin embargo, los artífices de la vacancia no querían esperar porque probablemente tenían otra agenda bajo el brazo.

En su discurso, el nuevo mandatario ha asegurado que se respetará el cronograma electoral del año siguiente. No existen razones para confiar en la veracidad de esta declaración, pues hace tiempo que los grupos que se involucraron en este proyecto abrigaban la esperanza de posponer las elecciones de abril.  Existe el temor fundado de que se le otorgue un indulto a Antauro Humala, uno de los instigadores de la vacancia, a pesar de que esta medida sería evidentemente ilegal. Preocupa asimismo que se intervenga en el proceso de designación de los miembros del Tribunal Constitucional y que se desmantele el buen trabajo realizado por la Sunedu.

El tema de la educación superior llama especialmente la atención. El flamante Primer ministro Flores-Aráoz acaba de declarar que suscribe la opinión de que las universidades cuya licencia fue denegada por Sunedu deberían tener “una segunda oportunidad”[4]. Curiosas declaraciones. Es probable que aquí se encuentre una de las motivaciones centrales del proyecto de vacancia que concluyó este lunes. Numerosos líderes políticos con representación en el Congreso tienen grandes intereses en instituciones de educación superior cuestionadas por su baja calidad. Ellos se proponen desactivar la Ley universitaria o a desnaturalizarla por completo. No olvidemos que todo esto se inició cuando un sector del Parlamento le exigió a Pedro Cateriano la cabeza del ministro de Educación. El resto es historia.

Los promotores de la vacancia han apelado a la ética para justificar sus acciones. Examinemos este problema con cierto detenimiento. La deliberación práctica supone el examen crítico de los bienes superiores y los males potenciales implicados en una situación compleja. Esta clase de examen no descansa meramente en un cálculo costo-beneficio, sino en el discernimiento de aquello que es valioso como propósito y pauta para la acción, en este caso política. Resulta claro que los bienes superiores aquí en juego son la salud y el bienestar de los peruanos más vulnerables. Las elecciones y un posible proceso a Vizcarra estaban a la vuelta de la esquina. Patear el tablero y conformar a la fuerza un nuevo gobierno en un momento tan difícil constituye un golpe mortal contra un país que está lidiando con una crisis que compromete severamente su supervivencia. Nuestros políticos han cerrado los ojos frente a los hechos; se han mostrado indiferentes, una vez más, frente al sufrimiento de sus compatriotas y han preferido anteponer sus ambiciones políticas.

Los instigadores de este proyecto están sumiendo al país en una profunda oscuridad. En medio de una crisis sanitaria y económica, ahora tenemos que enfrentar una crisis política de singular gravedad que ellos han provocado en disonancia con la ciudadanía. Los peruanos no nos merecemos esta situación trágica que revela la entraña de la “clase política” peruana. Sus intereses particulares están por encima del bien público. A punto de cumplir doscientos años de vida republicana, lamentablemente insistimos en los antiguos vicios de nuestra política. Asistimos una vez más al doloroso espectáculo de grupos políticos que capturan el poder recurriendo a la manipulación grosera de las instituciones y las leyes.

Cualquier paralelo entre los servicios que prestó Valentín Paniagua a la democracia peruana y las acciones de quienes produjeron esta crisis y hoy detentan el poder no tiene sustento de ninguna clase. Paniagua fue un político ejemplar, cuya lucidez y honestidad eran indiscutibles. Era un notable académico y un hombre de ley que siempre asumió la causa de la justicia y la defensa de los derechos de los peruanos más débiles. Convocó a las mejores mentes del país para formar un gabinete ministerial plural, que presidió Javier Pérez de Cuéllar. Dedicó sus esfuerzos a recuperar la democracia, a garantizar la estabilidad económica y a fortalecer la confianza de los ciudadanos. Apoyó un sistema anticorrupción independiente, así como conformó una Comisión de la Verdad que investigó los años de la violencia. Su vocación por el cuidado de la legalidad y el compromiso cívico era reconocida incluso por sus rivales políticos. Con toda seguridad, no solo no hubiese suscrito la agenda de los promotores de la vacancia, sino que se habría opuesto firmemente a ella. En una hora aciaga como esta, Valentín Paniagua se habría situado en la otra orilla.

Artículo publicado en Polemos 14/11/2020

Bibliografía

[1] https://rpp.pe/peru/actualidad/vacancia-presidencial-congresista-de-accion-popular-hans-troyer-dijeron-que-no-nos-iban-a-firmar-proyectos-si-no-votabamos-a-favor-noticia-1303976 .
[2] Véase el pronunciamiento de diversas universidades sobre este tema. https://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/compromiso-con-el-peru/
[3] https://twitter.com/Almagro_OEA2015/status/1326611160876150784/photo/1
[4] https://gestion.pe/peru/sunedu-universidades-con-licencia-denegada-deben-tener-una-segunda-oportunidad-dice-nuevo-premier-noticia/ .