17 febrero, 2020

[Artículo RPP] Soledad Escalante: El ideal de la función pública

Los funcionarios que se corrompen claudican del compromiso de ennoblecer la función pública. Ante los delitos que cometen, el Estado activa los protocolos de seguridad, la justicia que imparte no se rige por la venganza sino por el resguardo de la institucionalidad democrática.

De los ciudadanos y ciudadanas que asumen la función pública -sobre todo las más altas investiduras- se espera probidad e integridad genuinas para que contribuyan a fortalecer el Estado de derecho. Es un ideal modesto, asequible.

¿Qué pasa en el Perú? La corrupción carcome al Estado, los partidos políticos y la empresa. En tanto, la ciudadanía padece los impactos prácticos en el acceso a los servicios básicos ¿Cómo entender que un funcionario investido del cargo de Fiscal de la Nación se vea comprendido en las investigaciones fiscales sobre una presunta organización criminal que medra el sistema judicial? ¿Cómo entender que el Congreso decidió encarpetar y archivar ese caso gravitante para inhibir o ralentizar investigaciones urgentes y apremiantes?

Las noticias llegan de Brasil. Se va sabiendo más. Los partidos políticos no han sabido persuadir sobre sus argumentos acerca de las donaciones recibidas de la empresa brasilera Odebrecht, que montó oficinas en Lima para comprar sin escrúpulo a cuanto político estuviera dispuesto a seguirle el juego en la onda corruptora. La corrupción tiene mucho de farsa. La corrupción es crisis, estrés, enfermedad: deteriora la buena salud del Estado de derecho. Por ello, es crítico que algunos fiscalizadores presuntamente hayan estado coludidos con los que andan en malas andanzas.

Hay quien se defiende mejor cuánto más calla. Pero el que calla demasiado tiempo, luego tiene mucho que explicar, pues por su silencio sistemático se le han acumulado muchísimas explicaciones pendientes. Los operadores del derecho desarrollan diligentes audiencias en el espacio forense. La negación apresurada de los hechos y los relatos improvisados e incoherentes que pretenden atenuar la realidad patente, que interpela e incrimina, enredan el discurso de quien no sabe cómo salir del apremio que lo pone en evidencia. Testimonios de los hechos y evidencia obran en los expedientes fiscales y siguen los cursos regulares y correspondientes.

“No hay hechos. Solo hay interpretaciones”, dicen, suspicaces los perseguidos, levantando los hombros, como si hubieran leído a Nietzsche de primera mano y estuvieran prestos a acusar al filósofo alemán de promover y difundir el nihilismo que ellos tan alegremente practican contra el Estado de derecho, que los ha acogido, cobijado y educado a través de sus instituciones educativas. Pagan al Estado, que les ha hecho un bien educándolos, con un mal, pues pretenden hacerle daño. El Estado toma medidas: se activan los protocolos de seguridad contra el delito y se procura identificar al que delinque para apresarlo antes de que huya. Estas acciones son entendidas por los perseguidos ya cautivos como la venganza del Estado. Pero la justicia en el Estado de derecho no se rige por la venganza sino por el resguardo de la institucionalidad democrática frente al delito.

El delito es explícito en el derecho penal: se rige por el principio de legalidad y se tipifica en el caso concreto. Un juez decide oportunamente la adecuación de los discursos a los hechos. Como en otros casos relevantes, el lenguaje forense será traducido al lenguaje periodístico y nos deja esta reflexión: los funcionarios que se corrompen claudican del compromiso de ennoblecer la función pública y del servicio que ella significa, el ejercicio profesional probo, atento a los problemas que agobian al Estado que procura bienestar y desarrollo para su ciudadanía.

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