Iniciamos el año, mejor dicho, continuamos este año, con los conflictos vinculados a dos actividades extractivas: minería e hidrocarburos. Los denominados conflictos “emblemáticos”, que, por sus características buscan representar a casos vinculados a una determinada problemática están activos y en escalamiento. Localizados en el sur del país (corredor vial Apurímac – Cusco – Arequipa) y la Amazonía (cuencas del Pastaza, Marañón, Tigre y Corrientes), continúan demandando la atención del Gobierno para abordar los problemas de fondo que trascienden esta gestión y los asuntos de coyuntura propios del momento en el que se encuentran los proyectos extractivos.
Desde la Presidencia del Consejo de Ministros, han manifestado que afianzarán los espacios de diálogo; instalarán mecanismos para la intervención multisectorial del Ejecutivo; desarrollarán herramientas de gestión de información intersectorial para el seguimiento de acuerdos y acciones preventivas; y un protocolo para la prevención de alteración del orden público en conflictos sociales. Estas propuestas importantes requieren ser acompañadas de medidas de atención integral y participativa de las poblaciones indígenas expuestas y afectadas por metales pesados, en la Amazonía; y un proceso de consulta previa oportuno, transparente y de buena fe.
No es novedad que, desde el 2004 las cifras difundidas por la Defensoría del Pueblo den cuenta que cerca del 70 % del total de conflictos reportados sigan siendo de naturaleza socioambiental. Ahí donde la disputa tiene que ver con el uso, manejo y control de los recursos naturales, los temores reales y percibidos sobre los alcances de la actividad extractiva y las afectaciones que podría ocasionar en los recursos naturales y la salud de las personas. Por ello, la reiteración que los conflictos no pueden explicarse por una sola variable y reducirse; como, que de un lado hay actores a favor de la inversión y de otro, los que le ponen trabas.
A la luz de los hechos, o, mejor dicho, a la luz de los casos “emblemáticos”, observamos que lo construido a la fecha es importante, pero aún son muchos los desafíos, síntoma de ello es su escalamiento. Urge una intervención multisectorial y contar con herramientas que permitan ello. Además, retomar y fortalecer lo avanzado en materia de políticas públicas redistributivas, institucionalidad ambiental independiente, procesos de participación ciudadana y consulta previa, y cierre las brechas persistentes. Abordar las causas profundas de los conflictos es una de las mejores estrategias preventivas.
Me pregunto, cuántos casos a los cuales no prestamos atención y que no están en confrontación abierta, comparten las agendas de los conflictos “emblemáticos”; no cuentan con recursos, tiempo, ni oportunidades políticas para expresarse en la arena pública, pero reúnen las condiciones para constituirse en los nuevos conflictos emblemáticos.
Artículo publicado en el Diario Oficial El Peruano 13/02/2020
Sobre el autor:
Liz Puma
Coordinadora del Diplomado en transformación de conflictos sociales en la Universidad Antonio Ruíz de Montoya