3 diciembre, 2019

IED presenta informe sobre pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía

El Instituto de Ética y Desarrollo (IED) de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya ha elaborado un informe acerca de la “Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía”. Este documento forma parte del Informe Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se realizó en el marco de un convenio que firmó la Red Eclesial Panamazónica (Repam) con la Ruiz, la PUCP, el centro CICAJ y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).

El área amazónica abarca 9 países, es hogar de 34 millones de personas y alrededor de 350 pueblos indígenas, incluidos aquellos que han optado por mantenerse en aislamiento. El informe recoge información acerca de los marcos jurídicos y las políticas públicas vigentes en cada país. Además, se escuchó la voz de lideresas y líderes indígenas. Es a partir de esta investigación que la Comisión plantea a los Estados desarrollar sus políticas públicas y pensar el desarrollo en la Panamazonía teniendo en cuenta tres enfoques: interculturalidad, género y solidaridad intergeneracional.

El Informe presenta seis estándares fundamentales para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de estos colectivos: el derecho a la autoidentificación y el reconocimiento; el derecho a la libre determinación; el derecho a la propiedad colectiva, entendiendo el territorio en sus diversas dimensiones: económica, cultural y espiritual; las obligaciones estatales de protección frente a actividades de extracción, explotación y desarrollo; protección especial frente a la discriminación étnico-cultural; y derecho a una vida digna desde las cosmovisiones indígenas.

Debido a que en la mayoría de los pueblos indígenas y tribales Panamazónicos, la noción de territorio suele basarse en límites naturales, como ríos o montañas, y no en límites políticos, a través del Informe, la CIDH insta a los Estados a adoptar medidas binacionales o regionales de protección conjunta. Además, a implementar y aplicar efectivamente un marco normativo adecuado e integral que permita abordar las violaciones a los derechos humanos desde una perspectiva territorial y ambiental, respetando los espacios ecológicos y socioculturales en el que viven y se desarrollan estos pueblos.

El Informe destaca la importancia de consultar a los pueblos y comunidades de forma previa, adecuada, efectiva y de plena conformidad con los estándares internacionales aplicables a la actividad extractiva o de explotación. Así también, recomienda a los Estados reforzar su rol de supervisión y fiscalización, y emprender acciones decididas contra la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de actividades empresariales. El Informe se encuentra disponible aquí.