14 octubre, 2019

[Artículo RPP] Rossana Mendoza: Sin pan bajo el brazo

Saludamos la publicación de la Política Nacional de Juventud, sin embargo, el tema juvenil necesita una rectoría de mayor nivel, presupuesto y un abordaje sistémico para desarrollarla en el marco de las políticas económicas y sociales del país.

El 23 de setiembre se publicó el Decreto Supremo 013-2019-MINEDU Política Nacional de Juventud, acontecimiento que quedó deslucido en medio de la crisis política. Ahora sin Congreso obstruyendo la lucha contra la corrupción, es menester priorizar en la agenda política a los sectores más vulnerados, entre ellos a la juventud.

Recordemos que actualmente la rectoría recae en el Minedu, a través de la Secretaría Nacional de Juventudes – SENAJU, habiendo nacido en el seno de la PCM. Es decir, las políticas para el 25 % de la población peruana se crean y dirigen desde una secretaria bajo el despacho de la ministra de Educación. Imposible poner en cuestión los esfuerzos del sector, pero ¿Tendrá suficiente fuerza para movilizar el trabajo de los diez sectores comprometidos en la política nacional de juventud? A mi juicio, las políticas hacia sectores tan importantes como las juventudes (casi similar al de las infancias) debieran volver al dominio de secretarias nacionales inscritas en la PCM.

En segundo lugar, celebramos el nacimiento de la política, pero es preocupante que nazca sin un pan bajo el brazo, es decir, sin un sol más para su implementación. Una vez más el riesgo de caer en una retórica de la política social para los “vulnerables” sin que se dispongan recursos que hagan viable los cambios ¿Cómo se logrará al 2030 que 8 de cada 10 jóvenes alcancen el desarrollo integral? La meta es ambiciosa considerando que según su mismo diagnóstico “4 de cada 10 jóvenes (38.5 %) padece de privaciones en múltiples dimensiones (educación, empleo, salud, participación cívica y exclusión)”.

El contenido de la política es bastante amplio y aborda la intervención pública y multisectorial en situaciones que afectan duramente a las y los jóvenes peruanos, siendo una de ellas el empleo. Según el INEI, la tasa de desempleo en jóvenes en el segundo trimestre de este año es de 9.4 %, es decir que aproximadamente 1 de cada 10 jóvenes no tiene empleo y está buscándolo. Según el documento de la política, al 2017 el 68.6 % de jóvenes están en el empleo informal siendo mayor la incidencia en mujeres, y ganando un promedio de 779 nuevos soles en condiciones de desprotección laboral. 

No olvidemos que siendo los jóvenes los más afectados por la crisis del empleo, la señora María Isabel León antes de ser presidenta de la CONFIEP se apoyó en la excongresista Bartra el año pasado para promover la ley del esclavo joven y conseguir que 700,000 jóvenes que están en la educación superior no universitaria trabajen gratuitamente sin seguro de salud ni derecho alguno, como lo denunció La Mula.

Queda claro que el empleo juvenil no solo está amenazado por las políticas económicas y su incapacidad por producir empleo digno en el actual modelo económico, sino por los intereses del empresariado angurriento. En conclusión, la política es buena pero el tema juvenil necesita una rectoría de mayor nivel, presupuesto para su ejecución y un abordaje sistémico para desarrollarla en el marco de las políticas económicas y sociales del país.

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