12 febrero, 2019

[Artículo] ¿Qué hacer con el Archivo General de la Nación (AGN)?

            ¿Mudarlo a Huamanga? No; tampoco a otra ciudad. Un mejor clima no es la solución a sus problemas. Por el contrario, un eventual traslado sólo empeoraría la situación pues muchos de nuestros documentos históricos desaparecerían literalmente a causa del choque tremendo por el cambio de condiciones, o por obra de los amigos de lo ajeno.

Sacar de Lima al AGN no tiene fundamento en una medida descentralista, pues ya existe un Sistema Nacional de Archivos. Más lo sería trasladar el MUNA, por ejemplo, o algún otro atractivo con potencial turístico. Los archivos generales nacionales, que existen en todo el mundo, funcionan cerca del gobierno central pues son su memoria. Su traslado implicaría, no solo la traumática mudanza actual, sino que todos los años entidades de alcance nacional (situadas en Lima), deberían enviar documentación al departamento donde se ubique el AGN. E, igualmente, deberían viajar allá los ciudadanos que requieran copias de sus partidas de nacimiento, o de las de defunción de sus familiares; de sus movimientos migratorios; de testamentos; o, en general, de cualquier documento que compruebe propiedad o sirva para certificar derechos, y que hoy están en el AGN. Los archivos generales nacionales no son solo consultados por historiadores o investigadores: están ahí para servir a la ciudadanía.

Debe reconocerse que en la idea del traslado a Ayacucho hay, medio escondida y como confundida, una preocupación por la lamentable situación de nuestro AGN. Pero, no habrá una real mejora si el Estado lo sigue tratando como al “pariente pobre”. En contrario, debe iniciar ya la construcción del nuevo local en el terreno existente en Pueblo Libre, en base al cual hay varios diseños. Ha de ser un edificio moderno con la tecnología necesaria para la preservación de sus fondos. Suena mucho cuando se dice 200 millones de soles, pero no es tanto pues año a año el Gobierno Nacional deja de ejecutar aproximadamente el 10 % de su presupuesto. Los 200 que necesitamos son un porcentaje mínimo de esos 10,000 que no gastamos. Bienvenido si llega el aporte privado, pero no nos detengamos esperándolo. Como sociedad tenemos el deber de asumir que para lo patrimonial el principal patrocinador es el Estado pues el legado es de todos los peruanos. Y es en el AGN donde especialmente se conserva la memoria de ese Estado, cuyo bicentenario, no lo olvidemos, es lo que verdaderamente celebraremos el 2021.

Además, nuestra legislación debería castigar mucho más severamente al tráfico de patrimonio cultural. En tal sentido, catalogación, digitalización y presunción de patrimonio cultural son acciones estrechamente vinculadas. Por ahora, no es posible tener declarado expresamente como patrimonio cultural todo el contenido de nuestros archivos, y no lo será en años; de ahí que en esta área resulte fundamental la presunción. Y también lo es, el llevar a cabo todos los esfuerzos para tener archivos con inventarios de detalle que contribuyan a probar que determinado bien estuvo allí.

Por último, es urgente declarar en emergencia al AGN, lo que debe incluir una reorganización de la entidad con profunda evaluación del personal, bien sea directivo, nombrado o contratado; sindicalizado o no. Si el Gobierno se ha convencido que una medida así es una solución para Sedapal, ojalá la vea adecuada para este caso. Es cierto que la máxima responsabilidad de la “pérdida” documental no está en los trabajadores, sino, finalmente, en nosotros, como sociedad y como Estado, por el cruel abandono al que hemos sometido a esta institución. Pero es verdad también que los documentos no se salen solitos de sus repositorios.

Artículo difundido en La República edición web (08/02/2019)