22 octubre, 2018

[Artículo] S.O.S Nicaragua

       Es muy incierto aún cómo y cuándo se “solucionará” la crisis humanitaria y política que vive Nicaragua desde abril. Dos narrativas sobre el origen de la crisis, la del régimen y la de la rebelión cívica, han polarizado al país y parecen irreconciliables. En agosto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos avaló la narrativa de la rebelión cívica en un informe que le costó su expulsión del país.

La lucha cívica y pacífica contra una dictadura, que en abril se reveló no sólo autoritaria sino criminal, ha dejado ya entre 300 y 400 muertes violentas, más de 2 000 heridos, decenas de jóvenes líderes capturados, encarcelados, torturados y juzgados como terroristas y unas 25 mil personas refugiadas en la vecina Costa Rica, buscando salvar sus vidas de la represión.  

La pareja gobernante, los Ortega-Murillo, proclaman que el país ya está “normalizado” y Ortega afirma que se quedará gobernando hasta 2021. La población que se insurreccionó en abril está determinada a impedirlo. El enfrentamiento es muy desigual. Y sin una pronta salida política, la crisis humanitaria y los graves problemas económicos y financieros que el conflicto ha provocado tienen a Nicaragua al borde del abismo.

En abril, y aún en mayo, se veía más cercana la solución de la crisis. El desproporcionado uso de la fuerza que el régimen empleó contra las primeras protestas de los estudiantes, segando la vida de tantos, crímenes que no se detuvieron ni un solo día desde el 20 de abril, alimentaron exponencialmente la indignación popular. Esas primeras muertes de jóvenes explican cómo empezó esto, cuál fue la chispa, el origen de la rebelión: crímenes que aún hoy el gobierno ni siquiera reconoce que sucedieron. Esa primera chispa se convirtió en un incendio, “resultado de agravios con profundas raíces”, como se lee en el informe de Naciones Unidas de agosto.

El gobierno respondió al incendio “disparando a matar” como denunció Amnistía Internacional en su primer informe de mayo. Resultado: la mayor matanza jamás vista en Nicaragua en tiempos de paz. “La gran mayoría de víctimas fallecieron como resultado de la acción estatal o de fuerzas parapoliciales al servicio del Estado”, reiteró en agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La gran mayoría perdió la vida ejerciendo el derecho de reclamar justicia y democracia, libertad, otro gobierno. También del otro lado algunos perdieron la vida impidiendo esos derechos. Van a la cuenta del régimen, que los mandó a matar o a morir.

Esta es la narrativa de quienes se oponen al régimen. La comparten el máximo organismo regional y el máximo organismo internacional de derechos humanos. 

Lea el artículo completo en la Revista Ideele N° 282