9 octubre, 2018

Escuela de Derecho y Clínica Jurídica colaboran en informe sobre migración venezolana para la CIDH

El acceso a servicios en salud, educación, vivienda y alimentación, así como a información sobre regularización migratoria son los principales desafíos de la población venezolana en el Perú. Así lo precisa el documento “Derechos humanos de personas migrantes y refugiadas venezolanas en el Perú”, elaborado por Encuentros Servicio Jesuita de la Solidaridad (SJS), Idehpucp, la Universidad del Pacífico y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. El texto se presentó en el marco de las audiencias públicas convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los días previos al 169 Periodo de Sesiones, realizadas del 1 al 5 de octubre de 2018 en Boulder, Colorado.

Isabel Berganza, directora de la Escuela de Derecho y Analí Briceño, docente y coordinadora de la Clínica Jurídica para Solicitantes de Refugio y Refugiados Pedro Arrupe, SJ, colaboraron en el documento preparatorio que da cuenta que la principal razón por la cual cada vez niñas y niños venezolanos ingresan de manera irregular al Perú es el hecho de que tramitar un pasaporte en ese país es casi imposible dado que puede costar entre US$2 000 a US$ 5 000, mientras el sueldo básico no supera los US$5. Además, la Cédula de Identidad se emite a partir de los nueve años, por lo que, los menores solo cuentan con certificado de nacimiento.

La organización Encuentros SJS a través de su Programa de Movilidad Humana, atendió durante el 2017 a 1 022 personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, de las cuales 505 eran de nacionalidad venezolana. En el primer semestre del 2018, con sus oficinas de Lima, Tacna, la instalación de una oficina en Tumbes, y con la Clínica Juridica Pedro Arrupe, SJ, asistieron a 1 377 personas de las cuales 1 162 fueron de nacionalidad venezolana. El 73 % de la población atendida buscó asistencia y orientación para acceder a servicios básicos alimentación, así también sobre asistencia jurídica.

El documento preparatorio informa también que el pedir el pasaporte no garantiza la inmigración ordenada, informada y segura, ya que este documento únicamente sirve para identificar a la persona y no demuestra por si solo que no tienen antecedentes penales o que no han falsificado documentos. Además, el informe pone énfasis en población vulnerable: Niños, niñas y adolescentes que llegan a la frontera no acompañados, o que en el transcurso del viaje han sido separados de sus familiares. Así también en los riesgos de acoso hacia mujeres venezolanas y riesgo de explotación sexual, dado que organismos internacionales han hecho evidente que es una práctica generalizada en sus viviendas, en las calles y en el trabajo.