20 septiembre, 2018

[Artículo] El círculo de la corrupción en los gobiernos regionales

         La corrupción no cesa en el país. No habíamos terminado aún de conocer la gravedad y magnitud del caso Lava Jato, ni mucho menos sancionado a sus principales responsables, cuando un nuevo escándalo de corrupción muestra el grado de descomposición al que ha llegado el sistema de justicia. Día a día conocemos los audios que muestran a jueces, fiscales, políticos, ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y empresarios traficar con la justicia, arreglar nombramientos, intercambiar favores de todo tipo, casos de chantaje sexual y otros ilícitos. Esta situación confirma la necesidad de una reforma integral profunda del sistema de justicia la cual ha sido postergada por muchos años, por los propios jueces y por las autoridades políticas. Dicha reforma no puede esperar más y requiere de la intervención de los jueces, los otros poderes del Estado y especialmente de la sociedad civil.

Gobierno tras gobierno y año tras año los casos de corrupción no han cesado de aparecer en la vida nacional con consecuencias devastadoras para la gobernabilidad, el desarrollo sostenible, la confianza ciudadana y la vigencia de los derechos fundamentales. Son pocos los sectores o instituciones del Estado que no están afectados. Alfonso Quiroz, en su libro Historia de la Corrupción en el Perú, señala que: “El Perú es un caso clásico de un país profundamente afectado por la corrupción administrativa, política y sistemática, tanto en su pasado lejano como en el más reciente. No obstante sus efectos recurrentes y cíclicos, es sorprendente lo poco que sabemos acerca de las causas específicas de la corrupción y sus costos económicos e institucionales en el largo plazo”[1].

Por si esto fuera poco, la corrupción también está presente en las regiones desde hace muchos años. Los casos del Callao, Tumbes o Ancash son una muestra de la gravedad y modo de actuación que tiene este mal en los gobiernos regionales, y que se ha hecho poco o nada para enfrentar de manera integral. Esta corrupción ha afectado seriamente el proceso de regionalización y descentralización, que tiene, en la transferencia creciente de recursos presupuestales a los gobiernos regionales, el escenario ideal para malos manejos, gestiones deficientes y el uso inadecuado de los recursos públicos. Durante muchos años la fiscalización, el control y la sanción han estado ausentes o han sido muy débiles para controlarla, lo cual ha generado una situación de impunidad muy grande que debe ser revertida con una actuación distinta del Ministerio Público (hoy afectado por los propios audios de la corrupción), por la Procuraduría anticorrupción carente de recursos y por el impulso que está dando el nuevo Contralor a su institución con la reciente Ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República. Si estas instituciones no actúan de manera coordinada, y mucho más eficientemente, no habrá forma de combatir la corrupción instalada en los gobiernos regionales.

Lea el artículo completo publicado en el N° 43 de la revista Intercambio el 18/09/2018