En las últimas semanas asistimos a la puesta al descubierto de una red de corrupción enquistada en nuestro sistema de justicia. La iniciativa de instalar una red de corrupción en nuestro sistema de justicia proviene de la pseudopolítica. En efecto, no es difícil observar que la pseudopolítica auspicia dicha red en un esfuerzo más por devastar nuestra vida institucional. ¿Por qué? Pues porque la captura del sistema de justicia por parte de intereses privados no tiene otro objetivo que el avalar la impunidad ni otro horizonte que perpetuar la brecha que nos sume en el eterno subdesarrollo. La disolución de lo público es una estrategia de la pseudopolítica para anular la ciudadanía y, en su lugar, implantar el padrinazgo y el clientelismo junto a otros modos de subordinación y sometimiento premoderno que anulan la igualdad básica y constitutiva en que se funda el Perú contemporáneo como Estado moderno.
Vale decir: la pseudopolítica busca resucitar formas arcaicas de relacionamiento social, político y cultural que, por un lado, recurriendo a la corrupción, el chantaje y la violencia y, por otro lado, renunciando a la razón, el diálogo y el reconocimiento, desconocen la plena vigencia del Estado de derecho y buscan, con caprichoso afán, el retorno a formas de vida premoderna. La pseudopolítica, fundada en pasiones egoístas y en un infantilismo tiránico, parte del supuesto ingenuo de que basta con no reconocer que hay efectivamente Estado de derecho para que este pierda su plena vigencia. En buena hora nuestra institucionalidad democrática, pese a todas sus debilidades, puede soportar los embates de la pseudopolítica. De ahí que la embestida frontal y directa de la democracia contra la pseudopolítica corruptora está obligada —y la oportunidad presente lo pone de manifiesto— a ser la demostración elocuente de la actualidad viva de los principios democráticos que rigen nuestra vida social, política y cultural. Las formas arcaicas, mientras tanto, languidecen, aunque persuaden todavía a los ciudadanos menos avisados, pero se imponen violentamente entre los más desprotegidos. Y así, la desigualdad y la ignorancia se vuelven funcionales para la pseudopolítica.
Todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, según nuestra Constitución, tenemos y gozamos de los mismos derechos. Por eso que la pretensión de la pseudopolítica de abolir dicho principio es abiertamente un atentado contra la Constitución y nuestro derecho de acceso a la justicia. Esa pretensión no solo hace que la justicia sea parcial, sino que, además, la priva de ser objetiva: la justicia, en cualquier caso, resulta reducida a la devolución de favores, vuelta por completo de espaldas a la ley y a los principios éticos que la sostienen. En efecto, quien se propone capturar el sistema de justicia yendo en contra del orden constitucional tiene que haber salido mucho antes, sin duda alguna, del marco legítimo de dicho orden. La pseudopolítica está fuera de ese orden desde su base germinal: en cualquier caso, la pseudopolítica recesiva, retrograda y ralentizadora empleará las herramientas del orden constitucional tergiversando su sentido y su espíritu para insertar y asentar el prejuicio de que no existe el interés público, que lo único legítimo y valedero es el provecho del clan.
Lea el artículo completo en la Revista Ideele N° 281
Sobre el autor:
Soledad Escalante
Docente principal de la Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanasen la Universidad Antonio Ruiz de Montoya