2 agosto, 2018

[Artículo] La reforma del sistema de justicia y sus prioridades

       La situación de la justicia en el Perú es ya por todos conocida. Los audios revelados en los últimos días, que en varios casos suponen acciones delictivas de algunos de los más altos magistrados de la nación, son solo la punta del iceberg de un sistema que urge ser reformado. Una justicia que no es célere, ni transparente, ni previsible, solo puede merecer el repudio de la ciudadanía.

1. Los costos de una justicia ineficiente

El Foro Económico Mundial nos ha dicho año tras año que, pese al crecimiento económico experimentado en las últimas dos décadas, ello no es suficiente. Los índices de competitividad del Perú decaen de modo sostenido por nuestro déficit en institucionalidad. La débil calidad de nuestras instituciones es un factor que nos hace cada vez menos competitivos, afectando gravemente nuestras posibilidades de desarrollo. La justicia ocupa una posición central en este ámbito. Y ella, más allá del valor intrínseco que tiene como valor ciudadano y como condición indispensable para la convivencia social, es también un requisito para nuestra competitividad como país y para el desarrollo.

Tres factores nos permiten comprender las consecuencias económicas que tiene para el Perú la ineficiencia de nuestro sistema de justicia. El costo directo de la corrupción ha sido estimado por la Defensoría del Pueblo en un diez por ciento del presupuesto general de la república. Ese porcentaje es equivalente a unos quince mil millones de soles. En ello coinciden organismos independientes como Transparencia Internacional o el Banco Mundial. ¿Cuánto de esa sangría anual del presupuesto podría reducirse si no hubiera esa sensación de impunidad, que frustra a la sociedad en el combate contra la corrupción por causa de la inacción, cuando no de la complicidad del sistema de justicia?  Pero hay más. El costo de la inseguridad ciudadana supuso en 2016, según el Banco Interamericano de Desarrollo, un tres por ciento del Producto Bruto Interno del país. Ello equivale a unos veinte mil millones de soles adicionales. ¿Cuánto de este monto podría haber  dedicado la sociedad a fines más productivos, si el sistema de justicia fuera más eficiente en castigar a los delincuentes y con ello disuadirlos de nuevas acciones delictivas?

Pero todavía podemos exhibir más cifras. Estudios del Fondo Monetario Internacional muestran que el Perú experimenta una retracción en la inversión privada, como consecuencia de la falta de confianza que genera la justicia. Según nuestra fuente, ella podría incrementarse en un cinco por ciento, si el sistema fuera capaz de garantizar plenamente los derechos de propiedad. Ello supone una pérdida de unos seis mil millones de soles cada año. ¿Cuánto de este monto es responsabilidad de un sistema de justicia imprevisible cuando se trata de garantizar la propiedad de personas y empresas? Estos datos preliminares muestran como el país pierde más de cuarenta mil millones de soles cada año, unos doce mil millones de dólares, que representan el seis por ciento de su PBI, como consecuencia de una justicia que dista mucho de las exigencias que la sociedad le demanda.

Lea el artículo completo en la revista Ideele N° 281