5 diciembre, 2017

Presentación del libro “Bagua: entendiendo al Derecho en un contexto culturalmente complejo”

Bagua marcó un quiebre entre las relaciones del Estado y los pueblos indígenas. El desenlace violento del 5 de junio de 2009 llevó a que nativos awajun y wampis sean acusados de secuestro agravado, extorsión, daños y lesiones, incluso hasta se solicitó cadena perpetua. Empezó entonces uno de los juicios más complejos para el Perú que tomó cerca de ocho años. El IDEHPUCP, la Fundación Konrad Adenauer (KAS) y la UARM se propusieron evaluar las dimensiones del proceso penal, no vinculadas a lo judicial, sino desde una perspectiva de un derecho vivo que interactúa con factores sociales y culturales. El fruto de su investigación interdisciplinaria es el libro Bagua. Entendiendo al Derecho en un contexto culturalmente complejo.

Gustavo Zambrano, coordinador académico del IDEHPUCP, comentó que se analizaron aquellos factores que permiten la inclusión de estándares de derechos humanos en materia de administración de justicia para pueblos indígenas. “Buscamos reflexionar lo jurídico no como algo aislado, sino como algo actuante, que participa, que es capaz de comunicarse e interactuar con lo social, lo cultural, lo político, lo económico, lo ético y lo religioso. Tratamos de entender cómo pueden estar presentes otros actores: la Defensoría del Pueblo, la Iglesia, la sociedad civil, los agentes internacionales, la prensa, entre otros. Intentamos deconstruir el proceso del proceso judicial”.

El estudio evidenció cuatro factores que reflejan cómo han favorecido para que el Derecho actúe. En primer lugar, la presencia de la Iglesia católica, principalmente jesuita, en el Vicariato Apostólico San Francisco Javier del Marañón, con un vínculo muy fuerte, una relación de convivencia e interacción con los pueblos awajún y wampis, que acompaña y entiende que hay estructuras que generan injusticias y deben ser cambiadas. Así también influyó el proceso de posicionamiento de la agenda indígena en el Estado peruano. Existía un reconocimiento de la temática y normatividad aislada, pero no una política estatal. Después de los sucesos de Bagua, el tema indígena se volvió potente. Otro factor fue la inclusión de los estándares internacionales de derechos humanos en materia de pueblos indígenas en el proceso judicial.

Nuevas perspectivas

El Baguazo puso en alerta al Poder Judicial frente al reto de tener que acelerar la incorporación del enfoque intercultural. Víctor Prado Saldarriaga, juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia, compartió la experiencia del juicio de Bagua y la calificó cómo un trabajo improvisado en el que los actores se vieron involucrados sin previa capacitación. El reto era mayúsculo para los intérpretes, ya que debían traducir términos legales que no existen en su idioma originario. “Si bien aseguramos el cumplimiento de que toda persona tiene derecho a enfrentar un proceso en su lengua materna, no así la eficacia del proceso. Por ello, felicito esta iniciativa que presenta la búsqueda de una justicia con un enfoque intercultural, la cual tiene que ir más allá de lo formal y de la justicia ordinaria”.

Lilian Landeo, especialista en pueblos indígenas y derechos humanos, quien fue coordinadora del Programa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), destacó el abordaje del proceso judicial no haciendo énfasis en la sentencia ni en el conflicto social, sino evidenciando que uno de los primeros retos para el legislador es aceptar la existencia de formas y concepciones jurídicas diferentes a las occidentales con sujetos de derecho diferentes con quienes interactuar desde la interculturalidad, erradicando todo contexto de discriminación y racismo que los invisibiliza.

Ismael Vega, director del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y coordinador del Diplomado en Interculturalidad y Pueblos Amazónicos de la UARM, señaló que la investigación también propone que el derecho disminuya su función sancionadora y en su lugar se promuevan interpretaciones integradoras que establezcan condiciones para un diálogo respetuoso y horizontal. Esto implica identificar y reconocer los vacíos del sistema jurídico occidental. Ello exige autocrítica y este paso tan difícil es el que el libro se ha atrevido a dar, según expresó el especialista.

La presentación del libro contó con la participación de Sebastian Grundberger, representante de la KAS en el Perú; el P. Ernesto Cavassa, rector de la UARM; Iris Jave, representante del IDEHPUCP e Isabel Berganza, directora de la Escuela de Derechos de la UARM, quienes evidenciaron su preocupación por los pueblos indígenas, por cómo se les incluye en las políticas públicas y, sobre todo, por cómo salir de los discursos estigmatizantes y tender puentes de reconciliación en base a la justicia y respeto a su dignidad, verlos como ciudadanos, que participan, que fortalecen sus organizaciones y que tienen determinados liderazgos. Instaron a no olvidar que el Estado tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas, no solo awajun y wampis, sino con todas las etnias del territorio peruano.

El libro completo: Aquí