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Eduardo Vega, director del Instituto de Ética y Desarrollo (IED) de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, compartió con El Comercio, el balance a un año de la creación de la Comisión Presidencial de Integridad, qué el presidió y cuyo objetivo fue proponer medidas para prevenir y sancionar la corrupción. “El balance no es positivo. Esperábamos mayor liderazgo del Presidente y que se aprovechara las facultades delegadas para impulsar las reformas urgentes. Quedan cuatro años para dar señales claras a la ciudadanía de que se va a enfrentar la corrupción con convicción y voluntad”, expresó.
El Observatorio de Integridad identificó que medidas muy importantes no han sido implementadas. Una de ellas es la Declaración Jurada de Intereses, que tiene que ver directamente con la máxima transparencia en el Estado, para que los altos funcionarios brinden información sobre sus vínculos societarios, comerciales, gremiales, empresariales, profesionales y laborales anteriores al ejercicio del cargo. Si bien el Presidente, los ministros y algunos congresistas lo han presentado, no hay una norma que obligue a los demás funcionarios.
“Los ciudadanos tienen derecho a saber que cuando nuestras autoridades toman decisiones, o legislan, no lo hacen para favorecer intereses particulares, empresariales o de grupo, sino para favorecer el bien público. Está en manos del Congreso evitar que aumente la desconfianza del país. Necesitamos fortalecer la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública pues la creada mediante decreto legislativo no tiene el nivel ni fuerza para hacer cumplir la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, afirmó.
Instó al Congreso volver a evaluar estos temas para luchar contra la corrupción, mejorar la calidad de nuestros representantes y evitar el círculo vicioso de la corrupción. Es la última oportunidad de esta legislatura de hacerlo antes de las elecciones regionales y municipales del 2018.
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