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18 mayo, 2020

[Artículo] Alonso Cárdenas: ¿Todo va a estar bien?

La salud pública es un bien precioso que debe estar fuera de las leyes del mercado. Es necesario iniciar esa discusión en el Perú. Revisemos un caso que ha conmocionado Chiclayo y nos alerta sobre el servicio brindado por las empresas de seguros.

En el contexto del COVID-19, un verdadero vía crucis sufrió el señor Elmer Walter Baca Clavo, padre de mi colega y amigo Jean Pierre Baca Balarezo, al tratar infructuosamente de recibir la atención médica necesaria por parte de Rímac Seguros, empresa de la cual era derechohabiente. Baca Clavo murió en un hospital de ESSALUD en la ciudad de Chiclayo.

El 14 de abril Baca Clavo presentó insuficiencia respiratoria y llamó a Rímac Seguros para solicitar atención domiciliaria. La empresa, en vez de cumplir con las cláusulas contractuales, pretendió realizar la atención vía telefónica, cuando el cuadro que presentaba fue de insuficiencia respiratoria. Según refiere, se negaron a trasladarlo a una clínica asociada para su atención, pese a ser también parte del beneficio como asegurado.

Hasta en tres oportunidades adicionales, de acuerdo con el hijo de Baca Clavo, se solicitó asistencia médica a Rímac Seguros. Dos días después y con un cuadro cada vez más deteriorado, la aseguradora refirió al señor Baca Clavo a la Clínica Metropolitana de Chiclayo, aclarando que fue la familia y no una ambulancia de la empresa la responsable del traslado.  Es importante recordar que de acuerdo con el portal web de Rímac, los asegurados tienen derecho a una ambulancia 24 horas por emergencia, a médicos a domicilio, atenciones ambulatorias, hospitalización  y exámenes, entre otros beneficios.

Pero por increíble que parezca, en la citada clínica, tampoco se le dio la atención debida, argumentando la ausencia de protocolos para atender casos de presunto COVID-19 y la falta de un neumólogo. Ante el rechazo, y con un cuadro clínico cada vez más grave, la familia optó por trasladarlo al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de ESSALUD, donde luego de seis días de agonía, poco pudieron hacer para salvarle la vida.

Vía comunicado público, Rímac Seguros se defiende señalando que el señor Baca Clavo había dado negativo en una prueba COVID. De hecho, fue la propia aseguradora quien solicitó las pruebas con resultados negativos para propiciar la atención en la ya referida clínica. Rímac señala que: “El médico asignado realizó reiteradas llamadas hasta que fue atendido por el hermano del señor Baca, quien nos instruyó que llamemos en quince minutos ya que el señor Baca no se encontraba disponible. Insistimos con reiteradas llamadas sin respuesta para saber sobre la atención brindada y procedimos a dejar un mensaje por WhatsApp”.  

El hijo de Baca Clavo argumenta que Rímac trata de lavarse las manos, ya que no dieron la atención necesaria ante la urgencia de la COVID-19 y que agotará todas las vías judiciales, yendo hasta las últimas consecuencias. Lo cierto es que cada vez más peruanos se quejan de los servicios que brindan las empresas aseguradoras de salud. Se ha denunciado en redes sociales que clínicas privadas cobran montos exorbitantes que van hasta los 80 mil soles para atender a pacientes COVID. Asimismo existe una opinión prácticamente unánime que el derecho a la salud ha sido totalmente distorsionado, bajo la lógica del lucro.  Concluyo citando al  presidente francés Emmanuel Macron que indicó que la salud pública es un bien precioso que debe estar fuera de las leyes del mercado. Es necesario iniciar esa discusión en el Perú.  

 

Artículo publicado en la web Ruiz 18/05/2020

Sobre el autor:

Alonso Cárdenas

Docente de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya

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