Según, el Reporte de Conflictos Sociales N° 167 de la Defensoría del Pueblo, en enero se registraron 176 conflictos sociales, de los cuales 124 son activos y 52 latentes. El conflicto social que marcó la agenda política al inicio del año, fue el caso de los agricultores de papa que reclamaban al gobierno nacional detener la importación de la papa precocida, que se declare en emergencia el sector agrícola y se adquieran los excedentes de producción de papa. El conflicto escaló a episodios de crisis y violencia, dejando como saldo treinta y dos heridos y tres personas fallecidas.
La experiencia nos dicta que los conflictos pueden generar una crisis de gobernabilidad y la vulneración de derechos fundamentales. Como ejemplos, podemos mencionar casos como Bagua (2009), Conga (2011), Tía María (2015), Espinar (2011) y las Bambas (2015). En estos escenarios las habilidades, capacidades y destrezas de los funcionarios públicos, líderes sociales y funcionarios del sector privado, son puestas a prueba. El objetivo central es desescalar el conflicto, con menores costos sociales y económicos.
¿Qué se nos viene? Hay que ser conscientes que los conflictos reportados en el 2017 van a permanecer y, además, se activarán otros, esto ante el escenario del alza de los precios de los minerales que motivará el interés del gobierno y el sector privado por reactivar la economía promoviendo proyectos mineros, ubicados en el sur del país, a lo que se suma el escenario electoral vinculado a las comicios municipales y regionales; y el cuestionamiento por hechos de corrupción que involucran a las autoridades salientes.
Un elemento clave que determinará la prevención o escalamiento de los conflictos tiene que ver con el liderazgo, la pericia política y credibilidad que pueda recuperar y asumir el Poder Ejecutivo. Es importante fortalecer la capacidad predictiva del gobierno, para anticiparse a la escalada del conflicto y desarrollar estrategias para prevenir, resolver, gestionar y transformar el conflicto social. Prestar atención a los recursos humanos disponibles y la infraestructura institucional que se construyó a lo largo de estos años, a nivel de los sectores y gobiernos regionales.
Es importante que la PCM, a través del Viceministerio de Gobernanza Territorial, retomé su liderazgo en la orientación estratégica de la gestión de conflictos del gobierno, que sea la que coordine la intervención y seguimiento de los acuerdos, que asuma el reto de armonizar los enfoques de intervención entre los sectores, que se categoricen los conflictos que necesitan atender con urgencia y que se apruebe el protocolo de coordinación intersectorial que se venía trabajando en anteriores gestiones. Transformar los conflictos en oportunidades de desarrollo sostenible e inclusivo debe ser el objetivo común que nos una como peruanos y peruanas.
Artículo publicado en el diario El Peruano el 19 de febrero de 2018
Sobre el autor:
Liz Puma
Coordinadora del Diplomado en transformación de conflictos sociales en la Universidad Antonio Ruíz de Montoya