En el Perú el fenómeno de la corrupción ha penetrado todos los niveles del Estado y la sociedad civil, al punto que muchos casos de corrupción se han naturalizado en la vida cotidiana de los ciudadanos y la burocracia. Los procesos de Lava Jato y Lava Juez evidencian lo arraigado de esta práctica. Asimismo, esta problemática no solo golpea a las entidades de carácter nacional y a empresarios capitalinos más importantes, sino que se ha instalado en los ámbitos regional y local de la gestión pública. Es en esos espacios donde la corrupción está desbordada, lo que contribuye a una creciente pérdida de legitimidad en el Estado por parte de la población.
Un reciente informe de la Procuraduría para casos de corrupción señala que 67 gobernadores y ex gobernadores regionales son sujetos de investigación por delitos de corrupción. Prácticamente todos los gobiernos regionales están comprometidos con denuncias y procesos de investigación lo cual sin duda daña el proceso de descentralización y la eficacia en la gestión de los gobiernos regionales. La desconfianza generalizada, las obras paralizadas y el perjuicio económico son las consecuencias más saltantes de los altos niveles de la corrupción.
En este contexto, la investigación realizada por el equipo del IED-UARM analiza el fenómeno de la corrupción en las regiones del Perú y su dinámica. A partir del estudio de un conjunto de cinco gobiernos regionales (Ayacucho, Cusco, Madre de Dios, Piura y Moquegua) ponemos énfasis en los mecanismos de corrupción que se desarrollan en las contrataciones de obras públicas en estos niveles de gobierno. El análisis de estos casos brinda evidencias sobre el funcionamiento de la corrupción en la política y gestión pública subnacional, colaborando de esta manera con el conocimiento de la política local. Solo con un mejor aprendizaje de la realidad regional podemos plantear mejores recomendaciones y políticas públicas para prevenir y combatir este grave problema.
Campañas políticas y corrupción
Un primer eslabón de este círculo es el compromiso que asumen los candidatos con sus financistas de campaña. El contexto de las campañas políticas en las regiones se inserta en la realidad de la fragilidad de los partidos nacionales y movimientos políticos que aparecen y desaparecen de elección en elección. Las campañas electorales tienen un exacerbado componente de publicidad, por ello, cada vez necesitan mayores recursos económicos y, por ende, han ido apareciendo personas o grupos que financian dichas campañas. Esta situación ha permitido el vínculo económico tácito y directo entre empresarios y candidatos. Podemos señalar que se va construyendo una especie de hipoteca de los candidatos para con los empresarios. Sucede que el compromiso de pago de la futura autoridad regional se resuelve a través del direccionamiento y favorecimiento en las licitaciones de obras o en la compra de bienes y servicios. A esta realidad debemos agregarle el financiamiento ilícito por parte del narcotráfico (Ayacucho) o la minería ilegal (Madre de Dios) en varias regiones. Lo que buscarían estos “financistas” y candidatos es continuar con el negocio sin que las autoridades regionales les pongan trabas.
Lea el artículo completo en la Revista Ideele N°282
Sobre el autor:
José Carlos Rojas
Coordinador académico del Instituto de Ética y Desarrollo (IED) de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya