13 agosto, 2018

[Artículo] El mirar(se) como ciudadanos: responsabilidad social universitaria y salud mental

        Desde la década de los ochenta, la educación superior en el Perú manifiesta una expansión significativa que se asienta sobre la base de la movilidad social y el crecimiento económico en el país, con mayor énfasis en zonas urbanas (Vargas, 2015). Sin embargo, dicho escenario ha ocurrido sin tomar en cuenta un proyecto homologado que transmita un modelo claro de ciudadanía en las instituciones de educación superior, lo cual ha perjudicado la calidad en el servicio educativo, tanto en el ámbito académico como en el relativo a la convivencia humana.

Esto último supone que dentro del espacio universitario, aún podrían reproducirse formas de exclusión y discriminación entre los miembros de la comunidad educativa, propias de un contexto histórico, económico y político, promotor de desigualdades en la gestión del conocimiento y en el respeto hacia distintos saberes (Córdova y Zavala, 2010). Debido a ello, las universidades se ven desafiadas a replantear las estrategias pedagógicas e institucionales utilizadas para brindar una formación integral a sus estudiantes: aquella que apele no únicamente a la acumulación de información conceptual y técnica, sino a la construcción de personas comprometidas con la realidad social del país.  

En Latinoamérica, la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) como concepto se empieza a constituir aproximadamente desde el 2000, y se distingue de los enfoques norteamericanos y europeos en tanto incorpora como misión transversal del aprendizaje, una mirada del proceso formativo de los estudiantes en la práctica que los enfrenta con sus propios sesgos sobre la realidad.

En este marco, una de las reformas educativas en el Perú para incorporar este modelo se dio a partir de la promulgación de la Ley Universitaria N° 30220 en el 2014, la cual en el Artículo N.° 124 incluye un apartado que específica a la llamada RSU como el fundamento de la vida universitaria misma, dada su contribución al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. Además, hace hincapié en que cada institución debe dedicar un mínimo de inversión del 2 % de su presupuesto al desarrollo de proyectos y fondos concursables mediante estándares de acreditación e investigación que garanticen la participación de distintos miembros en servicios de atención a la comunidad (Minedu, 2014).

Lea el artículo completo en la revista Ideele N° 281