25 septiembre, 2020

[Artículo] Gonzalo Gamio: La democracia en riesgo

 El Perú atraviesa una crisis sanitaria que ha comprometido seriamente la economía. Los ciudadanos nos hemos adaptado a nuevas formas de trabajo y de coexistencia social, hemos enterrado a nuestros familiares fallecidos y ahora enfrentamos una nueva crisis política. Hace pocos días, la difusión de unos audios sobre “el caso Swing” ha llevado a un sector del Congreso a apoyar una moción de vacancia contra el Presidente Vizcarra. Ciertamente, debe investigarse este material y llegar a establecerse responsabilidades entre los protagonistas de esta historia. Sin embargo, una cosa es investigar el contenido de los audios y otra propiciar la caída del gobierno en plena pandemia, en la etapa final de su gestión y sin contar con todos los argumentos para hacerlo. Una iniciativa tan extraña y acelerada ha llevado a pensar que se estuvo gestando un proyecto de golpe de Estado.

Se trata de una hipótesis plausible. Una investigación de IDL-Reporteros señaló que el Presidente del Congreso habría intentado comunicarse con insistencia con el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y que había conseguido hablar brevemente con el Comandante General de la Marina. De acuerdo con la investigación mencionada, en dicha conversación se informó al Almirante Cerdán que “se iba a llevar a cabo un proceso que podría terminar con la vacancia del presidente de la República y su reemplazo por el propio Merino” y que dicho proceso se conduciría con “normalidad”. Merino ha confirmado estas comunicaciones, realizadas para supuestamente transmitir “tranquilidad” a las autoridades militares. Estas conversaciones tuvieron lugar antes de que se aprobara la moción de vacancia, hecho que fortalece la idea de que existe una conspiración contra el Poder Ejecutivo orquestada con antelación[1]. Asimismo, el ministro de energía y minas denunció que personas cercanas a Acción Popular y al Congreso le habían asegurado que se estaba configurando un hipotético “gabinete de transición”, y que él estaba siendo considerado para integrarlo.

Todas estas acciones parecen apuntar a una conjura política en sentido estricto. Las Fuerzas Armadas no son instituciones deliberantes, ellas no pueden intervenir en la vida política. El presidente del Congreso no tiene por qué comunicarse con jefes militares para informarles acerca de iniciativas parlamentarias en contra del gobierno. Estas llamadas parecen solicitar apoyo antes que transmitir tranquilidad a los institutos armados. Las autoridades militares hicieron bien al alertar al ministro de Defensa sobre esta situación irregular. Los presuntos instigadores de esta cuestionable iniciativa no contaban con la lealtad de los altos mandos al régimen constitucional.  Es una lástima que entre los principales promotores de esta posible conspiración figuren militantes del partido de Fernando Belaúnde y Valentín Paniagua, políticos abiertamente comprometidos con una ética democrática.

Es cierto que, a la luz de la sesión del pleno del Congreso el último 18 de setiembre en que se votó en contra de la vacancia presidencial, esta aparente conjura habría fracasado. Creo que es preciso no cantar victoria antes de tiempo. Ya algún político local, espectador entusiasta de este proyecto, ha señalado que en esta ocasión el Presidente “se salvó de la primera vacancia ¿Vendrá una segunda?”, declaración que nos lleva a pensar que no es descabellado intuir que esta situación podría repetirse en un futuro cercano. Es necesario investigar si efectivamente aquí se ha desarrollado un programa de acción y quiénes son sus verdaderos protagonistas. En el plano legal, es pertinente esclarecer el tema de la “permanente incapacidad moral” como causa de vacancia presidencial. Se trata de una categoría decimonónica que originalmente aludía a la pérdida irreparable de facultades intelectuales para ejercer un cargo de esa responsabilidad. En otra línea de reflexión, se asocia a la incapacidad para el discernimiento práctico[2]. Sin tomar en cuenta este debate, muchos políticos han concebido esta idea como un cajón de sastre para asestarle un golpe mortal al gobierno de turno.

Cabe preguntarse aquí qué es lo que pretendían ganar los presuntos conjurados en esta aventura autoritaria. Diversas voces señalan motivos diferentes. Algunos sugieren que procuraban detener la reforma electoral, postergar las elecciones, resolver los problemas legales de algunos de sus líderes, desactivar el sistema anticorrupción, así como desarticular la ley universitaria. Otros apuntan a que esta operación obedecería al propósito de ejercer control sobre la nueva composición del Tribunal Constitucional. Como en las etapas más amargas de nuestro pasado, se trataría de anteponer los intereses de grupo a las exigencias del bien público.

Esta vergonzosa asonada golpista constituye una prueba más de que nuestra “clase política” no ha aprendido lecciones importantes de la historia, pues incurre en los vicios de antaño; invoca otra vez aquella cultura autoritaria que tantos males ha generado al Perú. Tocar la puerta de los cuarteles constituye una oscura costumbre que horada el espíritu de las libertades políticas. Al proceder de esa manera desconoce el principio del autogobierno ciudadano como fundamento de un régimen democrático. Esperemos que se aplique una sanción ejemplar a quienes sean hallados culpables. Los ciudadanos debemos permanecer alertas y estar dispuestos a defender el orden constitucional si es necesario.

Artículo publicado en el portal jurídico interdisciplinario Pólemos el 22/09/2020

Referencias Bibliográficas:

[1] https://www.idl-reporteros.pe/columna-de-reporteros-375/.

[2] Contamos con una interesante aproximación desarrollada por os jóvenes teóricos peruanos del derecho en https://www.enfoquederecho.com/2020/09/14/la-vacancia-por-incapacidad-moral-permanente-en-la-constitucion-un-ejercicio-analitico-a-traves-de-una-conversacion/ . Esas reflexiones jurídicas son expresión de un diálogo entre E. Sotomayor y B. Marciani.