4 septiembre, 2017

[Artículo] Investigación universitaria y claustro docente

          Hace algunas semanas escuché a una autoridad universitaria decir que con la Ley 30220 “se acababa con la universidad de enseñanza para pasar a la universidad de investigación”. No he logrado descifrar aún cuanto de lamento había en el funcionario, pero como esto lo afirmaba una autoridad de una conocida universidad que no es tan reconocida por sus investigaciones, puede graficar bien el gradual cambio que se está operando en la noción acerca del lugar que debe tener la investigación en el sistema universitario peruano.

La Ley pretende atacar aquella equivocada noción que veía la investigación como algo meramente accesorio al giro del negocio universitario. Desde la misma definición que hace de Universidad, pasando por la enumeración de sus funciones y llegando a los artículos dedicados a la investigación, la ley otorga a ésta un papel preponderante en el quehacer universitario. Establece, por ejemplo, la obligatoriedad de tener un órgano del más alto nivel y transversal dedicado a promover la investigación al interior de la comunidad universitaria y la difusión de sus resultados a la sociedad en general. Este ordenamiento legal apunta a no repetir más esas estadísticas que señalaban que la matrícula en las maestrías de algunas universidades, significativa cuantitativamente y en el ámbito nacional, no se condecía con la cantidad de revistas académicas de calidad donde publicar los resultados de investigaciones de nivel de posgrado.

Incoherencias como la anterior deberán ir desapareciendo. Es, sin embargo, difícil pensar que por esta Ley dejarán de existir las universidades más interesadas en la transmisión de conocimientos y emisión de títulos de pregrado, que en la investigación. Esa es una característica presente en nuestro medio universitario, que se observa también en la región y en el mundo entero. El tema pasa porque el Estado comunique exitosamente al mercado potencial, la indudable verdad (sustentada por la evidencia internacional) que una universidad así ofrecerá una formación de menor calidad que una que integre a la investigación académica como un componente esencial de su propuesta. Esa es una información relevante que los padres de familia deben conocer para decidir a qué tipo de institución confiarán la educación de sus hijos. En tal sentido es verdaderamente importante que hoy en el Perú, como lo sugiere la cita recogida en el primer párrafo, haya universidades de este tipo que han empezando a pensar cómo hacer para añadir la investigación a su oferta, y hayan iniciado el establecimiento de esos órganos institucionales promotores de la investigación. El reto está en que el Estado fiscalice eficientemente, lo que no siempre será posible de lograr a través de solo la revisión de declaraciones juradas.

Investigar es caro, y no siempre tiene una tasa de retorno que justifique la inversión desde el punto de vista de la rentabilidad, por lo que para las universidades privadas será mucho más complicado comprarse el pleito. El Estado debe generar incentivos para ello, y el Perú será el gran beneficiado porque se mejorará la calidad de formación que reciben sus ciudadanos. Recordemos que hoy no solo hay bastantes más universidades privadas que públicas, sino que la cantidad de alumnos universitarios es más o menos el doble en las privadas. El Estado deberá acompañar el esfuerzo que se haga en este aspecto, creando fondos concursables y financiamiento, a lo que se podría postular si es que, por ejemplo, esas universidades destinan recursos propios a la investigación más allá de los de su planilla docente.

Artículo completo publicado en Ideele Revista n.° 273