26 febrero, 2021

[Artículo] José Koechlin: COVID-19, migración y empleo

 Se calcula que para noviembre de 2020 han salido de Venezuela 5,4 millones de personas lo que representa el 17,6 de la población y de acuerdo con los datos de la ENCOVI[1] un 82,8 % migra por razones económicas, principalmente, la búsqueda de empleo.

Alrededor del 89 % de la migración venezolana se ha asentado en Sudamérica y un 71 %  en el área andina[2].

Elaboración propia Fuente: Encovi

Sin embargo, debido a las políticas migratorias laborales de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) estas no alcanzan a los migrantes venezolanos toda vez que Venezuela no pertenece a este bloque de integración subregional, en este sentido, la integración de venezolanos en estos territorios se hace más difícil al no poder beneficiarse de las políticas que gozan los ciudadanos de los países andinos.

Lo cierto que más allá de las legislaciones y los acuerdos de integración cada país ha ido adoptando sus propias medidas para facilitar o restringir la integración de los migrantes. En muchos casos, estas medidas restrictivas han respondido a políticas públicas presionadas por la opinión pública que asocia migración con la pérdida de empleo y, últimamente, con el aumento de las tasas de criminalidad.

Los países del área andina se caracterizan porque un sector importante de su economía se desarrolla en el sector informal. Se calcula que en el Perú el 75 % de las actividades económicas se desarrollan en el heterogéneo mundo de la informalidad donde los y las tajadores carecen de contratos, prestaciones sociales, acceso a seguro médico y derechos laborales mínimos.

Esta característica de la economía y, en particular, del mercado laboral influye, sin duda, en las posibilidades de los inmigrantes de integrarse a través de un puesto de trabajo formal. En este sentido, como ya se ha documentado en diversas investigaciones el 92,1% de la migración venezolana se inserta en una economía informal (aun trabajando en empresas formales) percibiendo bajos salarios y en condiciones precarias y esta situación afecta más a las mujeres que además se suma situaciones de acoso sexual, intentos de violación y violencia. Principalmente se insertan en actividades relacionadas con los servicios, comercio y transporte informal.

Se puede afirmar que, al inicio de este fenómeno migratorio, es decir, a inicios de 2017, el 70% de los migrantes contaban estudios superiores completos, sin embargo, hacia fines de 2018 este nivel de calificación bajó a un 30% aproximadamente. Como ya se ha mencionado, estos migrantes se insertan en el sector informal que ya estaba saturado por los migrantes venezolanos de la primera ola y por los peruanos con bajos niveles de calificación lo que produjo roces y enfrentamientos violentos entre peruanos y venezolanos. Este escenario despertó una serie de actitudes de rechazo y discriminación hacia la población venezolana.

La búsqueda de un empleo formal o informal o generar su propio empleo se ve agudizada por la necesidad de enviar remesas que de acuerdo con datos de la ENCOVI un 30% de los hogares venezolanos[3] se beneficia, particularmente, hogares conformados por mujeres en situación de pobreza y personas de la tercera edad.

Esta situación ya de por sí grave en una coyuntura pre pandemia se vio agravada en un escenario de pandemia. El 16 de marzo de 2020 el Perú entra en una cuarentena que, según diversos analistas, fue una de las más severas de la región. Esta situación, qué duda cabe, afectó enormemente los ingresos económicos de todos los sectores económicos pero lo más afectados fueron aquellos que trabajan en el sector informal y por cuenta propia. Como se ha mencionado, ya en un escenario de pre pandemia los migrantes y muchos peruanos no gozaban de beneficios y derechos laborales y percibían bajos salarios, con la pandemia los pocos derechos e ingresos se pulverizaron. Efectivamente, muchos migrantes se han quedado sin empleo, sin ingresos y como consecuencia de ello sin hogar, sin educación, sin la posibilidad de enviar remesas a sus familias.

Pero cuál ha sido la respuesta del gobierno peruano frente a este problema. Para la población peruana se crearon diversos programas de apoyo. En un primer momento se crearon subsidios directos cuya característica principal era la entrega de dinero en efectivo a través de bonos cuyo manejo y eficiencia fue duramente criticado. Un segundo apoyo fue administrado a través de los municipios y consistió en crear y habilitar áreas para re-ubicar el comercio ambulante toda vez que ante la prolongada cuarentena era imposible seguir quedándose en casa sin percibir ningún ingreso (pues no todos los hogares se beneficiaron de los diversos bonos que diseñó el gobierno), como han evidenciado diversos medios de comunicación los afectados manifestaban “prefiero morir de COVID que morir de hambre” lo que mostraba la magnitud del hambre, la angustia y desesperación por generar ingresos. En cuanto a la ayuda para la población migrante el gobierno peruano dejó esto en manos de las agencias de Naciones Unidas como la OIM y ACNUR, agencias internacionales e instituciones de ayuda humanitaria desentendiéndose o más bien renunciado a su función de proteger y garantizar la vida y dignidad de toda persona que vive en el territorio nacional.

La crisis sanitaria ha producido cierta desaceleración de la migración venezolana y hasta se ha producido una migración de retorno al no poder sostenerse en los países de recepción. Efectivamente, es posible que la migración luego de la pandemia pueda bajar su intensidad, pero mientras se mantengan las condiciones económicas, sociales y políticas que han dado lugar al éxodo venezolano una nueva oleada migratoria está latente. En este sentido, se puede generar una nueva crisis migratoria en los países receptores.

Artículo publicado en la Revista Ideele N°296. Febrero 2021