El Perú está sumido en una profunda crisis política que compromete la vigencia de la democracia. El presidente de la República enfrentó un proceso de vacancia promovido por un sector del Congreso asumiendo una defensa dramática basada en la necesidad de preservar la institucionalidad, los procedimientos y el espíritu de la democracia: Alberto Borea fue el encargado de presentar la argumentación legal y moral construida en favor del equilibrio de poderes y la conservación del Estado de derecho constitucional. En la esfera de opinión pública, algunos periodistas habían desplegado puntos de vista que identificaban a los promotores de la vacancia presidencial como golpistas. Ellos evocaban el peligro del retorno a la política autoritaria de los años noventa. Ambos discursos –el de la defensa legal y el de aquel sector de la prensa– se cimentaba en la oposición entre democracia y autoritarismo.
Este discurso es incompatible con el posterior otorgamiento de un indulto a Alberto Fujimori –llevado a cabo por el presidente Kuzcynski-, fruto de una negociación con una facción del fujimorismo. El argumento propuesto para justificar esta medida ha sido la búsqueda de la reconciliación.
Esta cuestionable decisión ha traído a la discusión el concepto ético y político de la reconciliación. Es cierto que no se ha desarrollado en el espacio público un debate sostenido que examine las raíces de esta idea, puesto que muchos políticos y “líderes de opinión” guardan un curioso silencio respecto del sentido de la reconciliación, o lo asumen como obvio. Identifican sin más la reconciliación con una suerte de régimen de “cese de hostilidades” entre las fuerzas políticas más representativas del país. Deponer una actitud beligerante para coexistir en paz.
Ciertamente, renunciar a un sordo enfrentamiento de facciones en pugna por el poder constituye un paso importante para lograr una coexistencia política razonable bajo el trasfondo de las reglas de juego de la democracia. Pero llamar “reconciliación” a ese proceso resulta impreciso. Si esta pobre definición trae consigo la exigencia de reprimir la memoria y promover la impunidad, entonces estamos degradando la idea misma de reconciliación. El silencio y la suspensión de la justicia no pueden convertirse en los cimientos de la convivencia social y política bajo un régimen político libre.
Artículo completo publicado en la revista Ideele n.° 277
Sobre el autor:
Gonzalo Gamio Gehri
Docente de la carrera de Filosofía de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y de la PUCP.