De acuerdo a las últimas encuestas, se ha dado un cambio sustancial en la popularidad de los líderes de gobierno y de la oposición. Hace poco, Pedro Pablo Kuczynski tenía menos aprobación que Keiko. Ahora, tanto el presidente Vizcarra como su premier Villanueva, tienen más popularidad que Keiko Fujimori y el presidente del Congreso, Luis Galarreta, respectivamente. Este nuevo escenario debería de servir para que el actual gobierno tenga un margen mayor de autonomía para abordar una de sus tareas pendientes: la lucha frontal contra la corrupción, la cual figura como el principal problema de los peruanos. Afrontar este grave flagelo, requiere de una política de alianzas políticas dentro y fuera del Congreso, algo que el presidente vacado descuidó, por lo que Vizcarra y Villanueva deberían de prestar especial atención en esta grave omisión.
Una de las primeras señales que debería enviar la actual administración, es la de plantear en lo inmediato la tan esperada reforma política y electoral que el propio presidente Vizcarra ha mencionado como uno de sus principales ejes de su agenda política. El respiro que le dan las encuestas, debería ser aprovechado para colocar nuevamente sobre la mesa el Proyecto de Ley multipartidario de reforma electoral que el fujimorismo impulsó inicialmente, y luego encarpetó.
Las evidencias de la penetración del dinero ilegal en la financiación de las campañas políticas a nivel nacional, regional y local, llaman al gobierno a tomar medidas drásticas, que puedan servir para ir cambiando la cada vez peor opinión de la población sobre la clase política. No hacerlo, reforzará la percepción bastante difundida sobre un pacto entre el gobierno y el fujimorismo, que, en el mediano plazo, podría hundir a la actual administración de Vizcarra y Villanueva.
También, cada vez va quedando más claro que no existe una firme decisión política del ejecutivo y legislativo de resolver el problema de la violencia narcoterrorista en el Vraem. Este es un asunto fundamentalmente de narcotráfico, ya que en esta zona se produce una hoja de coca de alta calidad, muy apreciada para la producción de cocaína. Los millones de dólares que mueve esta actividad en el Vraem parece que viene paralizando a los sucesivos gobiernos en su lucha real contra este cáncer social, fuente de violencia y corrupción.
Asimismo, el gobierno podría mostrar una actitud más firme en la lucha y sanción a los violadores de los derechos de las mujeres de nuestro país. Finalmente, los cobardes ataques, violaciones y feminicidios, deberían generar en las autoridades del gobierno y del congreso una actitud mucho más enérgica en contra de los malos jueces, fiscales y policías que vienen apañando, obstaculizando y liberando a estos malhechores.
Sobre el autor:
Carlos Fernández Fontenoy
Docente de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya