18 septiembre, 2020

[Artículo RPP] Alonso Cárdenas: Caso Vizcarra, un análisis desde de gestión estratégica

La crisis política de los recientes días denota un problema estructural sumamente grave en la administración pública peruana: la ausencia de un servicio civil profesional. Revisemos las dos situaciones que llevaron a una posible de vacancia.

Poco antes de escribir estas líneas el Tribunal Constitucional decidió admitir la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo vinculada con la vacancia presidencial por incapacidad moral. De igual forma, el máximo intérprete de la Carta Magna rechazó la medida cautelar del Ministerio de Justicia que buscaba detener el proceso. Ante este panorama, el Presidente tomaba la decisión de presentarse o no al Congreso de la República para dar la cara y responder por los graves cargos que se le imputan.

¿Cómo un asunto tan insignificante como el affaire Richard Swing escaló tanto que puso al primer mandatario al borde de la vacancia? Desde mi punto de vista hay dos elementos fundamentales, que analizados desde el punto de vista estratégico, nos pueden ayudar a entender este caso.

El primero tiene que ver con la negligencia con la que se manejaron asuntos de seguridad nacional, en este caso la confidencialidad con la que se deben conducir las reuniones del Presidente de la República. Que las conversaciones de la máxima autoridad política de un país sean grabadas en el propio Palacio de Gobierno y posteriormente filtradas, denota una falla de seguridad clamorosa.

Recordemos que no es la primera vez que Vizcarra es grabado de manera secreta. A fines de junio del 2017 el programa periodístico “Beto a saber”, difundió una conversación entre el otrora contralor Edgar Alarcón, el ex presidente del Consejo de Ministros Fernando Zavala; el exministro de Transportes, Martín Vizcarra; y el extitular de Economía, Alfredo Thorne. De igual forma en agosto del 2019, en medio del conflicto social por Tía María, se volvieron a filtrar conversaciones entre el Presidente, el gobernador Cáceres Llica y las autoridades políticas de Arequipa. En otras palabras, el equipo del Presidente actuó de manera indolente al no hacer ningún correctivo dado los antecedentes de grabaciones y filtraciones clandestinas.  Los resultados están a la vista.

El segundo aspecto tiene que ver con el análisis de la información para tomar decisiones. De acuerdo con el investigador Miguel Jaramillo, el concepto de “cuarto de guerra” o “war room” hace referencia al: “circulo de mayor confianza, compromiso y discrecionalidad que tiene un líder para recibir consejería sobre la estrategia y la táctica que debe aplicar en una situación particular.” El cuarto de guerra que asesora a la máxima autoridad de un país requiere profesionales solventes con experiencia, trayectoria y expertise, pero primordialmente con una gran capacidad de anticipación, interpretación y análisis de contextos y coyunturas políticas altamente complejas.

Ante una situación tan delicada como una vacancia presidencial, los audios difundidos revelan un cuarto de guerra desordenado, poco prolijo ni riguroso, inclusive con la participación de una asistente administrativa. El círculo de mayor confianza del Presidente de la República no tuvo la capacidad de interpretar y analizar la crisis que se venía. Tampoco tuvo una estrategia de contención cuando el escándalo todavía no estallaba, lo dejó crecer como bola de nieve hasta que se transformó en una grave crisis de régimen.

A manera de conclusión, ambas situaciones denotan un problema estructural sumamente grave en la administración pública peruana, la ausencia de un servicio civil profesional. El enorme desorden gerencial existente, la poca seriedad de los procesos de selección, la alta rotación de funcionarios en el Estado contribuyen de manera significativa a la instabilidad política. Esta situación debe ser atendida con la máxima prioridad por el nuevo gobierno, de lo contrario el Estado peruano se seguirá hundiendo en la insignificancia.

Lea la columna del autor todos en Rpp.pe