28 agosto, 2020

[Artículo RPP] Alonso Cárdenas: ¿Por qué no ha funcionado la política de entrega de bonos?

El gobierno peruano diseñó una estrategia de bonos bajo el concepto de beneficiario, y no pensando en el acceso a un derecho. La consecuencia ha sido la creación de un archipiélago de bonos que solo confundió a la población. 

En los amaneceres de la pandemia, medios de comunicación y redes sociales noticiaron sobre enormes colas y aglomeraciones en los bancos. El motivo era que mucha gente se acercaba a cobrar su bono o a preguntar. El desorden incrementó el nivel de contagio y echó por la borda los incipientes logros de la cuarentena. Cinco meses después hemos vuelto a ver las mismas imágenes de enormes colas y aglomeraciones ¿Qué ha fallado? ¿Por qué la entrega se complicó tanto? Veamos.

Desde mi punto de vista, el error principal ha sido de concepto. El gobierno peruano diseñó una estrategia de bonos bajo el concepto de beneficiario, y no pensando en el acceso a un derecho. La consecuencia ha sido la creación de un archipiélago de bonos que solo confundió a la población. Actualmente tenemos cuatro: Bono Quédate en casa, Bono Independiente, Bono Rural y Bono Familiar Universal. La Ministra de Justicia ha hablado de crear un nuevo bono para los pensionistas de la ONP. Países vecinos como Colombia, Argentina y Chile han implementado un solo bono denominado Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o ingreso solidario que ya van en tres o cuatro entregas, cuando en el Perú todavía no se concluye el primer pago.

Por si fuera poco, se subestimaron las serias limitaciones que presenta el sistema financiero peruano. Solamente el 38% de los adultos tiene una cuenta en el sistema financiero (ENAHO, 2018). Al desagregar la data por sexo, se observa un incremento preocupante en la brecha entre hombres y mujeres que tienen una cuenta en el sistema financiero, que pasa de 6 % a 17 % en el periodo 2011-2017. El incremento de la brecha también puede observarse en el rubro préstamos que va de 4 % a 6 % y en ahorros de 6 % a 14 %.

Por otra parte, el Global Findex (2017) indica que la proporción de personas mayores de quince años con al menos una cuenta en el sistema financiero en el Perú es 43 %, muy lejos del promedio de América Latina (55 %). A su vez, de acuerdo con la misma fuente, apenas el 34 % de los peruanos hizo o recibió algún pago a través de medios digitales, mientras que en la región dicho porcentaje fue de 46 %.

De igual modo el acceso al sistema financiero de personas adultas mayores revela cifras todavía más preocupantes. Según data de la OIT (2018) y OCDE (2019), la cobertura del sistema previsional nacional es apenas del 39.1 %, muy lejos de países como Colombia (51.7 %), México (65.4 %), Chile (86.7 %) o Canadá (100 %).

Otro ámbito que vale la pena destacar es el de la educación financiera. La prueba Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) del 2015,  reveló que casi la mitad de los estudiantes peruanos  de quince años no eran capaces de identificar ni interpretar información financiera básica (OECD, 2017).

Por último, si bien entre 2015 y 2018 el acceso de la población a los servicios financieros, aproximado por la disponibilidad de puntos de atención por cada 100 mil adultos, pasó de 605 a 917 (SBS, 2018), esta mejora en la accesibilidad ha mostrado un comportamiento totalmente desigual. De acuerdo con la misma fuente, el 18 % de los distritos a nivel nacional no tiene acceso a los servicios financieros, mientras que en el 52 % solo hay de punto de atención. En otras palabras, el 70 % de los distritos a nivel nacional tiene un acceso nulo o insuficiente a servicios financieros. Este es uno de los factores que explica las enormes colas y aglomeraciones fuera de las entidades bancarias en zonas vulnerables.

A manera de conclusión, ¿Qué hacer ante este contexto tan complejo? Lo primero es unificar todos los bonos en uno solo universal, dejando de lado la lógica del beneficiario. Segundo acompañar la entrega del bono universal con una masiva distribución de alimentos no perecederos, con la finalidad de evitar que el dinero sea gastado en mercados, otro espacio identificado como de alto contagio.

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