14 mayo, 2021

[Artículo RPP] Alonso Cárdenas: ¿Qué va a pasar con las políticas nacionales?

Es imperativo que ambos candidatos se pronuncien sobre la continuidad de las políticas nacionales. Hacer el borrón y comenzar todo nuevamente hará un enorme daño a la legitimidad del Estado y al bienestar de la sociedad.

Sanborn y Morón (2007) han calificado al proceso de elaboración de políticas públicas en el Perú como arbitrario, volátil y fácilmente reversible. De igual forma, han señalado que el Estado peruano tiene enormes dificultades de hacer cumplir sus propias políticas.

Y no es para menos, históricamente el Estado se ha caracterizado por su enorme desorden administrativo, por su excesivo burocratismo y por su alejamiento y poca sensibilidad hacia los problemas que aquejan a la ciudadanía, especialmente a la que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad. Sin embargo los últimos cinco años todos estos factores se han agravado significativamente, generando una peligrosa sensación de debilidad. En otras palabras, el Estado peruano es percibido como cada vez más débil.

Empero, en este contexto de precariedad institucional hay iniciativas que vale la pena rescatar. Una de ellas es la Guía de Políticas Nacionales (GPN) del 2018, instrumento diseñado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), que por primera vez ordena metodológicamente la elaboración de políticas. La GPN, además de identificar una serie de pasos a seguir, dota a las políticas de un mismo horizonte temporal, el 2030, que dialoga con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

La GPN se ha ido complementando y perfeccionando con el tiempo. Actualmente se han construido otros instrumentos como la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sistema Nacional de Planeamiento (Sinaplan) y Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y planes estratégicos.

El fruto de este trabajo ha sido la aprobación de una serie de políticas nacionales, que finalmente cuentan con una estructura homogénea orientada a resolver problemas públicos, algo que podríamos calificar de inédito en la historia de la administración pública peruana. Hasta fines de enero del presente año se habían aprobado 14 políticas nacionales, entre las que destacan: i) Política Nacional de Lucha Contra el Crimen Organizado, adscrita al Ministerio del Interior; ii) Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva, bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación; iii) Política Nacional Multisectorial de Salud, liderada por el Ministerio de Salud; iv) Política Nacional de Transporte Urbano, que recae en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y v) Política Nacional Penitenciaria, del sector Justicia y Derechos Humanos. 

Desde mi punto de vista, lo más destacable de las políticas nacionales es que finalmente contamos con una serie de instrumentos dirigidos a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía ¿Cómo lo sabemos? A través de una serie de metas e  indicadores de impacto. Por ejemplo, la Política Contra el Crimen Organizado señala que espera se incremente el porcentaje de la población que confía en las instituciones. De igual forma, la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva busca reducir brecha de acceso de los jóvenes de los quintiles 1 y 2 (de menor ingreso económico) a la ESTP de 29 el 2019 a 15 el año 2030. A su vez, la Política Nacional Penitenciaria tiene como meta al 2030 tener 5.4 metros por persona en celdas individuales y 3.4 metros en celdas colectivas.

Sin embargo todavía existen algunas inconsistencias, por ejemplo  es claro que la Política Nacional Multisectorial de Salud y la Política Nacional de Transporte Urbano no dialogaron entre sí a pesar de tener indicadores muy similares. El primero señala como indicador la “Tasa de heridos y fallecidos generados por siniestros viales por cada 100,000 habitantes”, esperando reducir las víctimas mortales de 8.2 a 4.1 x 100 mil habitantes al 2030. De igual forma espera reducir la tasa de lesionados a 78.7. Mientras que la segunda habla solamente de “víctimas mortales por accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes, en el ámbito urbano”, sin mostrar metas y líneas de base.

Empero, resulta clave y fundamental que estas políticas nacionales sean implementadas, monitoreadas y evaluadas por el nuevo gobierno que entrará el próximo 28 de julio. En materia de diseño metodológico y estructura, los avances son significativos en relación con lo que existía. De igual forma, el Estado peruano ha invertido mucho tiempo, dinero y esfuerzo en diseñar estas herramientas, para que simplemente sean dejadas de lado de un plumazo por la nueva administración.

A manera de conclusión, es imperativo que ambos candidatos se pronuncien sobre la continuidad de las políticas nacionales. Hacer el borrón y comenzar todo nuevamente hará un enorme daño a la legitimidad del Estado y al bienestar de la sociedad.

Lea la columna del autor todos los jueves en Rpp.pe