1 marzo, 2019

[Artículo RPP] De vuelta a clases

 La relación de uso de la falda en la escuela y la desigualdad de género está ampliamente documentada. Hoy las niñas y jóvenes quieren tener la opción de usar pantalón para ir a estudiar y el Estado debe impulsar el ejercicio de su libertad ciudadana.

En un par de semanas inicia el año escolar 2019 y se ha generado un debate sobre las prendas escolares más adecuadas que las niñas y jóvenes deben usar. Ellas quieren tener la opción de usar pantalón, tal como lo confirma el estudio “El uso de falda escolar y su relación con las desigualdades de género en el sistema educativo” realizado por Save the Children, que revela que 8 de cada 10 alumnas expresan que debería eliminarse el uso obligatorio de la falda escolar.

Transcurría el año 1970 y como parte de la gran reforma educativa de Velasco, se instituyó el uniforme único plomo y blanco, en versión falda para las mujeres y pantalón para los varones. Para muchas familias, como la mía, fue un alivio porque con esta alternativa más barata ya no se preocuparían más de la ropa que sus hijas llevarían diariamente. En otras familias –de mayores recursos– la medida causó rechazó porque sus hijos de Instituciones escolares privadas se verían igual que los que iban a las públicas, diferenciados únicamente por las llamadas insignias, una especie de chapa o etiqueta con el escudo de cada colegio abrochado en el pecho. Pero eso era precisamente lo que la reforma buscaba, que todos los niños fuéramos iguales al menos en el uniforme escolar.

Si en la década de 1970 me hubieran preguntado cómo quería ir al colegio, sin duda hubiera dicho que prefería ir con pantalón para movilizarme con mayor seguridad en los transportes públicos, jugar y sentarme con comodidad. Hoy las opiniones de las niñas y jóvenes no son muy distintas. Eso es realidad en muchas instituciones educativas rurales, como constaté hace poco en el centro poblado Anchihuay Sierra en La Mar-Ayacucho, donde las niñas y las jóvenes acuden con pantalones o buzos apoyadas por sus docentes y directores quiénes siempre sugieren que se protejan del frío y de la lluvia.

Casi cincuenta años después de la reforma educativa de Velasco, la mercantilización de la educación y la privatización de la oferta educativa en el marco del modelo neoliberal, orientan a medidas que diferencien, no que igualen, favoreciendo los negocios de uniformes escolares a toda escala.

Desde otro ángulo, la conquista de los derechos ciudadanos y en particular los derechos de las mujeres buscan igualdad de derechos (no de apariencias) colocando por delante el ejercicio de las libertades ciudadanas, la posibilidad de decidir lo que consideramos que es mejor para nosotras, lejos de imposiciones y lastres de los sistemas patriarcales instalados en el cuerpo, en la mente, en las instituciones y en toda la sociedad.

El cómo vestirnos o el cómo nos vemos no es un problema público, pero el trato machista, retrógrado y estereotipado de algunos sectores de la sociedad sí es un problema público al atentar contra nuestros derechos. Felizmente, el Ministro de Educación se ha pronunciado recordando que el uso de la falda no es obligatorio. ¿Es tan difícil respetar y tomar en cuenta la opinión de las niñas y jóvenes?

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