Es la segunda vez en un año que el Congreso busca investigar a la Sunedu aduciendo sesgo político e ideológico. Bien harían nuestros parlamentarios al reconocer su contribución de manera decisiva a las condiciones básicas de calidad, pero en lugar de ello buscan obstaculizar su avance.
“La Comisión de Educación aprobó una moción de orden del día para solicitar al pleno del Congreso la facultad de comisión investigadora por sesenta días hábiles a fin de que pueda indagar las presuntas irregularidades denunciadas en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) que se habrían cometido en las gestiones de los superintendentes Lorena Macías, Flor de Luna Victoria Mori y Carlos Benavides Abanto” (Comisión de Educación, 3 de junio del 2019).
El trabajo de la Sunedu habla por sí mismo y no hace falta una columna para apoyar un desempeño que a lo largo de estos años se ha ido consolidando, no obstante, la Comisión de Educación del Congreso de la República pide facultades para investigarla durante dos meses; es la segunda vez en el plazo de un año. Lo que motiva este pedido son las “presuntas irregularidades que se habrían detectado en el proceso de contratación de personal, bienes, consultorías y servicio en general; procesos de licenciamiento institucional de universidades públicas y privadas y otros que pudieran generarse durante la investigación”; asimismo, se sostiene en el documento que la Sunedu “es percibida como una entidad que toma decisiones con un componente político e ideológico, no cumpliendo con realizar una evaluación imparcial y uniforme”.
La presidenta de la Comisión ha reconocido haber tenido relación con dos universidades en el pasado y ser docente de una tercera en la actualidad. Y aunque ninguna de las universidades con las que ha tenido relación está licenciada, no hay que ser más papista que el Papa. Entiendo que es difícil estar en el mundo universitario, conocer de él, y no tener relación con alguna universidad. Esto no es un problema a menos que se demuestre que los congresistas son quienes tienen los sesgos de los que acusan a la Sunedu. Con todo, la referida Comisión se equivoca por otras razones de fondo.
Transparencia. El supuesto básico es que la Comisión ha recibido notificaciones o quejas con respecto al quehacer de la Sunedu. Sería muy útil saber a través de qué medios ha tomado nota el Congreso y de dónde proceden dichas quejas. No tenemos ningún instrumento para verificar que lo que señala la Comisión es verdad y más bien sabemos que en el ámbito universitario existen demasiados intereses económicos como para no exigir un mínimo de transparencia a dicha Comisión. Justificar el pedido sobre la base de que la Sunedu “es percibida” como se señala no solo es engañoso, sino totalmente falto de transparencia.
Adelanto de opinión. La Comisión de Educación asegura que es necesario emprender la investigación ante los cuestionamientos que han recibido y la percepción, no sabemos de quién, de sesgos políticos e ideológicos en la gestión de todos los que se hayan desempeñado como superintendentes ¿Así se inicia una investigación?
Desconocimiento. La Sunedu ha complicado la vida de las universidades, es verdad. Las universidades han tenido que limitar su mal asumida autonomía para hacer las cosas mejor y para acostumbrarse a controlar todos sus procesos de enseñanza-aprendizaje, así como su proyección hacia la sociedad a través de la investigación y de la responsabilidad social. Gracias a la estandarización que propone la Sunedu, las universidades serias tendrán que pensar mejor cómo demarcarse del resto, es decir qué las distinguirá y qué las hará ofrecer una propuesta educativa original y a la vez de calidad. Bien haría la Comisión de Educación en comenzar por reconocer que la Sunedu ha contribuido de manera decisiva a las condiciones básicas de calidad y en respaldar este importante trabajo que está muy lejos de haberse terminado.
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Sobre el autor:
Rafael Fernández Hart, SJ.
Rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya