6 abril, 2021

[Artículo RPP] Ricardo L. Falla: El costo de la ciudadanía

La conciencia de pertenecer a una comunidad y participar activamente en la resolución de sus problemas, es lo que define a la actitud ciudadana. Sin este carácter consciente y participativo de la persona, no existiría el ejercicio ciudadano. Sin embargo, como todo en la vida, esta práctica tiene un costo.

Como decíamos hace unas semanas, edificar una sociedad de bienestar (estado social o estado de bienestar), tiene un elevado costo creciente, que debe ser sufragado por una economía altamente productiva, industrial, diversificada, formal y de salarios consistentes.  Sin esas fortalezas desplegadas, los aparentes logros sociales no son sostenibles en el tiempo. De ahí que la base material que garantiza el máximo de bienestar para el mayor número de personas, descansa sobre una constante revolución productiva. Una revolución del capital que no cesa, cuya finalidad no es la acumulación per se, sino la firme y perseverante disposición hacia el bien común.

La costosa estabilidad de una sociedad de bienestar, es el cimiento económico de la democracia. Por ello, no es posible establecer una comunidad de plenos derechos y deberes políticos, si la base económica está constituida por relaciones de precarización, informalidad, explotación, y reducida diversificación productiva. Una ciudadanía consciente y educada sobre sí misma no puede emerger plenamente bajo condiciones de fragilidad económica. De ahí que las exhortaciones de “educar a la ciudadanía”, sin base material, suelen ser extremadamente ingenuas o se formulan sin tomar en cuenta las relaciones entre economía, sociedad y política.

El ejercicio eficaz de la ciudadanía es extremadamente costoso. Implica que el país que privilegia la forma democrática, esté en condiciones de reducir las desigualdades socioeconómicas, la precarización e informalidad laboral y la baja productividad económica. La igualdad política y jurídica se encuentra trágicamente limitada si las desigualdades sociales son permanentes, por una sencilla razón: el sujeto que se encuentra marginado del bienestar difícilmente encontrará útil a la democracia. Cuántas veces hemos escuchado la siguiente frase de crudo y lógico realismo: “de la democracia no se come”.  

La precariedad e informalidad económica carcome la posibilidad de la vida civil. Si la mente del individuo está fijada en la sobrevivencia material a toda costa, en un contexto cultural individualista, no hay manera que pueda surgir -en dicha estructura mental- una idea de “nosotros”, que es la base la comunidad política. De modo que, si queremos construir ciudadanía, debemos superar el paradigma de la precarización e informalidad económica.

Que la base material de la educación ciudadana sea onerosa en términos sociales y económicos, es la razón por la cual fracasan las fragmentarias políticas públicas, dedicadas a la construcción de dicha formación.  Por ello, si queremos vivir en una sociedad educada en derechos y deberes ciudadanos, consciente y participativa, debemos construir una sociedad de bienestar. De este modo, el bienestar material sostiene a la comunidad cívica.

Todo esto no es una ensoñación. Es un hecho que las democracias más avanzadas, a pesar de sus diversos problemas, son las sociedades que podido encontrar un equilibrio entre productividad económica, generación de la riqueza, reducción de la informalidad y limitación de precariedad laboral. Para llegar, a una situación similar, sin imitar experiencias, pero atendiendo a las lógicas, debemos superar muchos dogmas, miedos e ingenuidades.

Lea la columna del autor todos los lunes en Rpp.pe