17 agosto, 2021

[Artículo RPP] Rossana Mendoza: 55 es el número de la diversidad

Cabe la esperanza que bajo el gobierno del presidente Castillo y sus anuncios en la toma de mando, el contrato social con los pueblos originarios sea posible por primera vez.

A 200 años de la instalación de la república el Perú celebremos la existencia de 55 pueblos originarios -51 amazónicos y 4 andinos- que han resistido el despojo de sus territorios, persecuciones, sometimiento, explotación, discriminación y racismo. La nación inconclusa que somos, no los ha integrado porque la colonialidad penetró nuestra racionalidad y emotividad para diferenciarnos por el color de la piel, en un orden social en el que hemos sido racializados y jerarquizados bajo un patrón de poder que explica por qué se asume que el castellano es superior a las lenguas originarias, por qué vivir en la ciudad es mejor que vivir en el campo, por qué ser blanco es mejor que ser cobrizo o negro, por qué ser profesional es mejor que no serlo, y todas las demás diferenciaciones que nos separan cual abismos.

Este año las conmemoraciones por el Día Internacional de los Pueblos Originarios tuvo como lema “No dejar a nadie atrás: los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social” y entonces cabe la esperanza que bajo el gobierno del presidente Castillo y sus anuncios en la toma de mando, el contrato social con los pueblos originarios sea posible por primera vez, y eso pasa indefectiblemente por: el cumplimiento de la Consulta Previa salvaguardada en la ley 29785; por la implementación de medidas de protección frente a las mafias extractivistas; y el respaldo absoluto a su autonomía en todos los aspectos que le conciernen dentro de sus respectivos territorios. Con ello estaría asegurado el respeto a sus decisiones en lo social, político y económico.

Un contrato social con los pueblos originarios ofrecería además una nueva perspectiva a la descentralización en el Perú, que no debe ser únicamente de base geopolítica sino cultural y social, por lo tanto, el desarrollo regional y local, tendría que considerar la presencia de los pueblos originarios que habitan dentro de sus jurisdicciones sin atropellar las formas propias en que dichos pueblos gestionan sus comunidades y organizaciones en aspectos de la política, la justicia y sus recursos. Si bien somos ciudadanas y ciudadanos peruanos sin distinción por nacimiento, la cuarta parte de nuestra población se autoidentifica con alguno de los 55 pueblos originarios porque pervive en ellas y ellos una identidad étnica que los refiere a un pasado milenario, con historia y tradición propia, con una manera de vivir y entender la vida y su relación con la naturaleza y el cosmos.

Lamentablemente, la identidad nacional y la identidad étnica entran en conflicto cuando en nombre del progreso y del desarrollo se avasallan los pueblos, se niegan sus lenguas, sistemas de justicia y gestión comunitaria; cuando se minimizan sus conocimientos, se silencian sus lenguas y se impone un único modelo y sistema de salud, educación y protección. Entonces, no es suficiente el reconocimiento, se requiere un pacto social que nos encamine hacia la interculturalidad, donde la heterogeneidad sea lo común y podamos dialogar, ampliar y compartir diversas fuentes de conocimiento. A fin de cuentas, crecer en humanidad y justicia.

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