Hoy, existe la oportunidad de impulsar las APS, para que a través de la enorme red de servicios comunitarios y locales puedan llegar estos diversos servicios que el Estado no es capaz de brindar.
Por décadas ha sido la sociedad civil la que ha tomado iniciativa para responder a las necesidades inmediatas de las poblaciones más vulneradas en los aspectos y lugres donde el Estado no tenía capacidad de respuesta o sencillamente no lo consideraba relevante en sus políticas sociales. Fueron las organizaciones sociales de base, las ONG y programas pastorales de iglesias las que solucionaron problemas específicos y sembraron las semillas de muchos de los programas sociales que hoy ejecuta el Estado.
Cuando el expresidente Alan García decretó que éramos país de Índice de Desarrollo Humano medio (cuando no lo éramos en realidad), muchos de los apoyos provenientes de la cooperación internacional y las ONG internacionales se redujeron radicalmente para el Perú y se reorientaron a países considerados de índice bajo. Pero no fue lo único, los daños al tejido social a propósito de las políticas del expresidente Fujimori y del Conflicto Armando Interno (CAI) ocasionaron una enorme fragilidad en las organizaciones y movimientos sociales. Hoy ante las evidentes desigualdades expuestas durante la pandemia, son precisamente las organizaciones sobrevivientes y reinventadas las que se mantuvieron a lado de las familias más vulneradas en los lugares más lejanos.
Allí las vimos acompañando a los niños en sus labores escolares; llevando medicamentos, mascarillas y alimentos a las familias que contrajeron el COVID-19; trabajando biohuertos comunitarios; operando en las redes para que no queden impunes los casos de violaciones, feminicidios y toda clase de violencia en los hogares; dando respuesta humanitaria a las familias venezolanas; moviendo voluntariados de contención a personas fragilizadas en su salud mental; reactivando mercados virtuales de artesanos y pequeños comerciantes; acompañando ollas comunes; y mil casos más. Todas estas experiencias son prácticamente anónimas, pero basta preguntar en cada localidad para que las familias puedan dar testimonio que la iniciativa social no descansó durante el confinamiento. Ante la segunda ola, se hace indispensable recuperar todas estas experiencias, valorarlas y apoyarlas directamente.
Recordemos que, desde la década de 1990, los gobiernos hicieron una apuesta por las alianzas público-privadas (APP) allí donde el Estado era incapaz de actuar directamente en obras y servicios favoreciendo empresas nacionales y extranjeras bajo reglas no siempre convenientes para el Estado. Hoy, existe la oportunidad de impulsar Alianzas Público Sociales (APS), para que a través de la enorme red de servicios comunitarios y locales mediados por las ONG y Programas Pastorales con la vigilancia de las Organizaciones Sociales de Base puedan llegar estos diversos servicios que el Estado no es capaz de brindar, posibilitando así el empleo de miles de profesionales y técnicos sociales experimentados, en donde su labor sea reconocida y legitimada socialmente.
Las familias empobrecidas, las que han perdido empleo y las siguen esperando el bono, necesitan apoyo social urgente para la diversidad de necesidades que volverán a presentarse ante la arremetida de la pandemia. Si el Estado tuvo a bien rescatar empresas que lucran ¿Por qué no atender a la población en alianza con organizaciones sociales sin fines de lucro?
Lea la columna de la autora todos los martes en RPP.pe
Sobre el autor:
Rossana Mendoza Zapata
Docente de la Escuela de Educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya