El retorno a clases presenciales de niños y niñas de los ámbitos rurales implica, sin duda, pensar en la salud y la de sus familias, pero también en la calidad del servicio. No podemos aspirar a regresar a lo que era su escuela, son tiempos de cambio, de dar paso a una verdadera reforma educativa. Se lo debemos.
Hace unos días el Minedu emitió una resolución que faculta a las Direcciones Regionales de Educación autorizar la reapertura de colegios desde el 1 de julio, únicamente en localidades rurales donde no haya ningún caso de infectados con COVID-19 y dentro de provincias con menos de 10 casos en las últimas dos semanas, de acuerdo a información actualizada del sector salud. Si bien es una medida que tiene un poco de riesgo, intenta reintegrar a las y los estudiantes al sistema educativo que han participado limitadamente en la estrategia Aprendo en Casa.
Los resultados de una reciente encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos- IEP revela que la mayoría de la población conoce la estrategia, sin embargo, entre los encuestados del ámbito rural que la conocen sólo el 21 % la evalúa positivamente, el 66 % la considera regular y para el 12% es mala o muy mala. Estos resultados se podrían relacionar con el hecho que el 65 % de encuestados rurales considera que una de las principales dificultades para la educación a distancia son los problemas con la señal de internet, TV o radio. Sin las condiciones para una educación a distancia, la estrategia Aprendo en Casa es inviable en los lugares más lejanos de las ciudades peruanas. Una vez más el Perú centralista y desigual se pinta de cuerpo entero, y como la salud, la educación sigue en emergencia.
Si bien miles de docentes hacen denodados esfuerzos por seguir atendiendo a sus estudiantes, ya van 181 fallecidos, principalmente en Lima, Piura y Loreto, muertos en cumplimiento del deber como cientos de trabajadores de salud, limpieza, policía y minería. Un retorno a clases presenciales implica asegurar todas las condiciones sanitarias y cumplir los protocolos que permitan que tanto docentes, estudiantes y comunidades estén protegidos. Por su parte, las comunidades y organizaciones de pueblos originarios deberán ser parte de la decisión de retornar o no al servicio educativo presencial y vigilar que se cumpla lo pactado. No es una decisión fácil, estamos hablando de 42, 157 instituciones educativas en ruralidad 1 y 2, que es lo contemplado en la resolución y en cada caso deberán revisar las cifras oficiales de casos positivos por distrito.
Queremos que las niñas, niños y jóvenes peruanos reciban la mejor educación, pero hay grandes deficiencias, sobre todo en los ámbitos rurales que son territorios de los pueblos originarios. Por ello, el retorno a clases presenciales nos compromete a pensar en su salud y la de sus familias, pero también en la calidad del servicio que reciben ¿Seguirá siendo lo mismo o más bien es la oportunidad para dar paso a una verdadera reforma sin miedo que apueste por cambios acordes a las culturas, lenguas y realidades de los pueblos y con los pueblos? Todos queremos salvar el año escolar, pero lo esencial es asegurar esos aprendizajes para la vida que bien pueden alcanzarse en más tiempo y fuera del año lectivo. En este contexto, es indispensable pensar fuera del cuadrado.
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Sobre el autor:
Rossana Mendoza Zapata
Docente de la Escuela de Educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya