4 noviembre, 2020

[Artículo RPP] Rossana Mendoza: Empobrecidos y confinados

Las desigualdades están golpeando fuertemente a las infancias más carenciadas, incrementando su vulnerabilidad y exponiéndolas a una perdida sustancial de sus derechos, como ya lo estamos viendo con su derecho a la educación.

El gobierno ha aclarado que las niñas, niños y adolescentes mayores de 12 años sí pueden entrar a los centros comerciales, por lo tanto, en calidad de consumidores y con el dinero de mamá y papá están “liberados” y pueden circular. No es el caso de niñas y niños con menos de 12 años, quienes solo cuentan con una hora al día acompañados de un adulto y en un radio de hasta 500 metros de su domicilio. Entonces, mientras más empobrecidos y con menos edad, el impedimento de circulación libre es mayor.

Podemos interpretar que detrás de estas medidas, el gobierno busca proteger a las niñas y niños, pero también evitar la propalación de la COVID-19 considerando que son menos afectados y pueden ser portadores sin síntomas aparentes. Por otro lado, hay que reactivar la economía y para ello hay que gastar, en ese caso no hay distingos de edad a partir de los 12 años. Pero ¿Qué pasará con los más empobrecidos? Según UNICEF la pobreza monetaria en niñas, niños y adolescentes peruanos aumentaría de 26, 9% en el 2019 a 39,9% en el 2020, y más pronunciadamente en las infancias de los ámbitos rurales, que incrementaría de 47,3% a 62,3% en el mismo periodo.

El anuncio es fatal, las desigualdades están golpeando fuertemente a las infancias más carenciadas, incrementando su vulnerabilidad y exponiéndolas a una perdida sustancial de sus derechos, como ya lo estamos viendo con su derecho a la educación. Ya se habla de más de un millón que han sido expulsados del sistema educativo. No lo abandonan por decisión propia simplemente es insostenible porque no pueden acceder a la Estrategia Aprendo en Casa, quienes accedían se agotaron, no logran financiar los costos de la virtualidad y/o tienen que salir a trabajar para contribuir al sustento familiar. Si bien, el sector de niñas y niños que trabajan siempre ha sido significativo en todo sentido, las condiciones se precarizan con el riesgo que sus jornadas laborales se extiendan y su salud se vea más afectada.

El empobrecimiento de las familias puede cohesionar a sus miembros, pero también puede ocasionar desesperación, violencia y abandono, con lo cual puede incrementarse las cifras de niñas, niños y adolescentes en situación de calle. Por otro lado, también empeorarán sus condiciones de salud porque habrá menos dinero para asegurar una alimentación saludable, atenderlos y acceder a servicios de salud.

Urgen decretos supremos con medidas que no solo se incluyan a las niñas, niños y adolescentes como consumidores, sino que los atiendan de inmediato en sus derechos a la salud, educación y protección. Sigamos exigiendo políticas diferenciadas con medidas de protección a las infancias trabajadoras; servicios de alimentación comunitaria para prevenir la anemia y la desnutrición (que en el caso de los ámbitos rurales bien pueden promover el consumo de productos nativos); y la ampliación y gratuidad de servicios de parques que les permita libre circulación para aliviar de alguna manera los daños a la salud mental que el confinamiento les está ocasionando.

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