En el Perú apenas se atiende el embarazo adolescente. El asunto es más que grave con el embarazo infantil, pero esto no enciende las alarmas en nuestras autoridades. La destrucción del cuerpo y la mente de nuestras niñas violentadas no nos interpelan como sociedad.
Entre el 2015 y lo que va del 2019 el registro de nacidos vivos del Ministerio de Salud ha incluido 5 260 hijos e hijas de madres de 14 años y menos, como consecuencia de la violencia sexual, sin contar otros 2 040 casos fuera de registro, según la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza (MCLCP) en base a los reportes del Sistema Integral de Salud.
En los cuerpos de estas niñas obligadas a ser madres y en los nacimientos de estos niños y niñas inocentes, se triangula una compleja situación: la violencia sexual contra las niñas en el orden de la criminalidad; la escasa prevención relacionada a las deficiencias de la educación e información que necesitamos todos y todas sin excepción para protegerlas; y al tratamiento de las niñas abusadas sexualmente que resultan embarazadas y obligadas a proseguir su embarazo.
La penalización de los casos de violencia sexual contra las mujeres y en particular contra las niñas, tiene en la corrupción de magistrados su principal escollo, pero también en el sistema carcelario si es que no se reeduca a los perpetradores. La otra cara de la moneda será la tolerancia por parte de los padres y madres de las víctimas, que preferirán el silencio si es que el agresor es del ámbito familiar, convirtiéndose en cómplices por pequeñas indemnizaciones, falsas promesas o por proteger al agresor. Otros son los casos de la conformación de parejas tempranamente, de manera voluntaria u obligatoria en el marco de culturas ancestrales. En cualquiera de estas situaciones, las familias necesitan ser educadas en sus derechos y en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y esa es una obligación del Estado peruano.
El tercer aspecto tiene que ver con la atención de las niñas que resultan embarazadas a consecuencia de una violación, y que son obligadas a proseguir su embarazo. En estos casos, sus posibilidades de morir durante la gestación se multiplican y el daño psicológico se profundiza, con lo cual son violentadas una y otra vez. Son cuerpos pequeños, invadidos, lesionados que se van destruyendo física y psicológicamente, mientras crece una vida no deseada en su vientre ¿Cómo defender esa vida en formación a costa de la vida de las niñas víctimas de violación? No es ético, no es justo, no es humano. Ocurrido el daño con el consecuente embarazo, la interrupción es lo más adecuado para sus vidas.
Mientras las organizaciones defensoras de los derechos de las niñas siguen levantando la voz, las políticas no se modifican en favor de las niñas forzadas a ser madres. El asunto es más que grave, si apenas se atiende el embarazo adolescente cuándo se atenderá el embarazo infantil. Esas niñas podrían ser nuestras hijas o nuestras hermanas, quieren vivir su niñez y adolescencia gozando sus derechos, estudiando, jugando, haciendo deporte, queridas y protegidas en sus hogares ¿Por qué no les preguntamos qué piensan al respecto? ¿Qué harían si tras ser violadas quedasen embarazadas? ¿Acaso no tendrían derecho a decidir?
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Sobre el autor:
Rossana Mendoza Zapata
Docente de la Escuela de Educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya