27 agosto, 2020

[Artículo RPP] Soledad Escalante: La crisis alimentaria, una realidad

El riesgo de ingresar en una crisis alimentaria es real y hoy nos encontramos en medio de una de las peores crisis en la historia del Perú ¿Qué vamos a hacer con este país? ¿Ya pensamos la alimentación como un derecho humano?

De las preguntas capitales que se formula el ser humano a lo largo de su existencia, una origina en muchos momentos gran felicidad y en muchos otros, angustias: ¿qué comeremos hoy? Y es que la proyección de nuestra cotidianidad siempre se ha visto representada alrededor de lo mínimo indispensable para vivir. Ante esa realidad, nos es permitido preguntarnos por la seguridad alimentaria en el Perú, mucho más aún en época de pandemia.

La seguridad alimentaria es un tema multidimensional y se compone de varias aristas, incluye el tema de la oferta de alimentos, comercialización, cadena alimenticia, acceso alimentario, capacidad de consumo, entre otros. Por ello, se encuentra entre los primeros objetivos de desarrollo sostenible y uno de sus primeros retos de este es eliminar el hambre y asegurar las distintas dimensiones de seguridad alimentaria, dándole prioridad a la población infantil.

A partir de los datos brindados por el INEI y CEPAL y el análisis que realiza el profesor Miguel Alcántara (UNALM), hasta el último trimestre del 2019, el 29 % de la población tenía déficit calórico (más de nueve millones de personas) de las cuales casi el 80 % se encuentra en el medio urbano. Hay que tener en cuenta que para cumplirse una dieta saludable la inversión es de US$ 3.80 según lo estipula la FAO. Pero sabemos por nuestra realidad geográfica que el déficit calórico es mayor en la ciudad, ya que en la zona rural posiblemente se tiene acceso inmediato a los alimentos. Y es que el gran problema de las pandemias es que la gente no tiene la capacidad de adquirir los alimentos más que si hay o no disponibilidad de estos.

Según el análisis de los indicadores de CEPAL que realiza el economista Miguel Alcántara, la pobreza total puede subir hasta 32 %, la pobreza extrema hasta 6 % y en el caso rural la pobreza extrema llegaría al 22 % de la población. Esto implica un retroceso de ocho años aproximadamente, lo que significaría que casi dos millones de personas sean incapaces de alimentarse adecuadamente. No se puede dejar de ver que con estos datos estaríamos migrando de una crisis sanitaria a una crisis alimentaria.

Ante esto, se necesita un comando de seguridad alimentaria ya que los diferentes sectores toman medidas de acuerdo con sus prioridades y si no encuentran sinergias, los recursos y esfuerzos invertidos no tendrán todos los resultados esperados. Por otra parte, el Estado no ha llegado hasta ese espacio de construcción de solidaridad que implican las organizaciones sociales. Fortalecerlas resulta una necesidad primaria para evitar que una crisis resulte siendo la puerta para muchas otras que tuvieron que ser evitadas desde antes. La alimentación es un derecho humano y es necesario pensarla de tal manera.

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