6 diciembre, 2019

[Artículo RPP] Soledad Escalante: La (In)Justicia clientelar

No dejemos que hechos cuestionables resquebrajen las bases de nuestras conductas civiles. Siempre puede ser una buena oportunidad para redefinir la cultura que encarna la sociedad.

Con una resolución que ha sido cuestionada por el voto singular del magistrado Ramos Núñez y porque la demanda había sido declarada improcedente por el Poder Judicial en dos instancias, una lideresa política ha sido aliviada de una prisión preventiva. Esto ha desencadenado diversas reacciones. Un conocido fiscal refiere que los votos de los altos magistrados no se condicen con las justificaciones y que tal medida es un despropósito a la lucha integral en contra de la corrupción. Estos cuestionamientos alimentan el hartazgo y el descrédito de algunas entidades públicas ante una población que, durante muchas décadas, solo ha conocido una justicia selectiva.

Una manifestación muy particular se encuentra en la carta abierta que las reclusas del penal con quienes la lideresa compartía espacios han hecho pública. Ellas, las internas, exigen justicia por igual. Qué difícil sería tener que explicarles que no existe tal carácter en nuestra justicia, tal como lo hemos visto en el caso “Los cuellos blancos del puerto” que destapó la corrupción en el sistema de justicia. Qué difícil sería tener que explicarles que solo a algunos se les confiere beneficios, en la medida en que siembran redes de favores.

Si esto no ha quedado claro, reflexionemos sobre las declaraciones de empresarios conocidas la semana pasada, quienes aportaban generosas sumas de dinero no bancarizado y se convertían en mecenas de partidos políticos. El favor se les devolvía desde la función pública como parece evidenciar las leyes como la de Hidrocarburos, y en la misma línea, el entorpecimiento de los octógonos informativos al consumidor. Así es cómo hemos funcionado, con padrastros de la patria con intereses particulares.

Recordemos también el caso del exalcalde de Olmos, investigados por graves delitos que orbitan la defraudación a la función pública, y que ha referido los vínculos entre la CNM, el JNE, la ONPE, “Los cuellos blancos” y figuras políticas. Al parecer ese habría sido el modus operandi de las organizaciones criminales: infiltrar personas en puestos clave para, eventualmente, recurrir a su antojo y necesidad. El tráfico de influencias, la infiltración de topos y el arreglo por debajo de la mesa, se habrían convertido en la norma.

En los últimos días, mientras unos recuperaban temporalmente la libertad, se ordenaba la detención preliminar de un expremier, quien ahora se encuentra en libertad luego de cumplido el plazo. Pero lo que más debería llamar nuestra atención es la impunidad del deslacrado de oficinas selladas por el Ministerio Público. El mensaje está muy claro para la sociedad civil. Nos ha quedado clarísimo cómo operan técnica, institucional, civil y moralmente en el horizonte de una impunidad de la transgresión. No importa si el Ministerio Público selecciona documentación para investigar y la resguarda. Un fiscal con poder puede mandar a segundos o terceros a interferir (según declaraciones de los implicados). Y esto no supone ningún problema. Tal es el mensaje ofrecido; sepamos interpretarlo con fortaleza moral, antes que permitirnos aquel libertinaje de insensibilidad social.

Mientras tanto, se siguen destapando facetas abominables de una justicia clientelar que no hace más que resquebrajar las bases de nuestras conductas civiles; acaso sea una buena oportunidad para redefinir la cultura que encarna la sociedad.

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