La filosofía nos recuerda que necesitamos distancia para reflexionar sobre las consecuencias y agudeza para criticar las realidades injustas en las que se encuentran nuestros compatriotas del Vraem.
Siempre será necesario preguntarnos antes que responder ciega y efusivamente. Nuestras propias respuestas no son las verdaderas y es un grave error atribuirle un componente de conveniencia política al lente con el que pretendemos observar la realidad. A medida que pasan los días y las horas, las pistas seguirán saliendo a flote para otorgarnos una mediana verdad, todavía. Sin embargo, es importantísimo recordar que si pretendemos atribuirle una percepción a lo que aconteció en Vizcatán del Ene debemos por sobre todas las cosas cuestionar antes que sentenciar. Lo único válido de sentencia y rechazo es la muerte injustificada que bajo ningún criterio es posible que siga ocurriendo en pleno 2021, luego de más de 15 años de presencia militarizada en la zona. Recordemos qué ocurre en el Vraem desde hace ya buen tiempo.
Tamara Lajtman Bereicoa (2021) menciona que “distanciándonos de la nebulosa y a la vez funcional categoría de “narcoterrorismo” entendemos, junto a Ricardo Soberón (2013), que los vínculos con el narcotráfico no inhabilitan el accionar político de Sendero Luminoso (SL), es decir, que no los convierte en un mero grupo criminal con el cual no cabe ninguna discusión política, sino represión y cárcel (Soberon, 2013: 125). Al mismo tiempo, los vínculos entre SL y el TID (Tráfico Ilícito de Drogas) no constituyen una situación de amenaza existencial para el Estado por lo que el mantenimiento de una estrategia basada en la “normalización” de la emergencia constitucional en los sucesivos gobiernos, además de ineficaz, es injustificada desde el punto de vista constitucional (Siles, 2015: 78)”.
En periodo democrático, el estado de emergencia en el Vraem fue declarado por primera vez en el 2003, durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) en la ocasión del secuestro por miembros de Sendero Luminoso de 71 trabajadores de Techint, empresa argentina a cargo del tendido del ducto de gas desde el yacimiento de Camisea (La Convención, Cuzco) hasta Lima. En esta ocasión, la intervención de las Fuerzas Armadas se produjo por medio de un operativo de rescate “exitoso” con la liberación de los secuestrados en menos de 48 horas. Es en este contexto que se instala la idea de rebrote del terrorismo por los “remanentes” de Sendero Luminoso y la “necesidad” de devolver el protagonismo de las Fuerzas Armadas en la guerra antiterrorista. Ahora bien, es importante tener en cuenta que, aunque esta situación haya sido el disparador para que el gobierno de Toledo instrumentalizara el régimen de emergencia mediante sucesivas prórrogas, no será hasta el gobierno de Alan García que las operaciones contrainsurgentes se iniciarán de forma sistemática con el envío permanente de tropas y la extensión de las atribuciones de las Fuerzas Armadas para el control del orden interno.
¿Qué control del orden interno hemos presenciado hasta el momento? Según el juez de paz, pide garantías para su vida luego de realizar su labor, y algunos periodistas locales aseguran que desde el 2000 no se habría registrado algún acto de violencia de parte de SL. Es por ello que consideran que atribuirle este atentado resulta un insulto a la sensatez de los peruanos y más bien ocultaría una realidad funesta: los vínculos del narcotráfico con el Estado (representado) y, al mismo tiempo, la ausencia casi completa del mismo.
Son varias familias las que quedan con el innombrable dolor a causa de esta masacre. Desde aquí condenamos el atentado, pero también el intento de manipulación de la información (o la falta de) para atribuir la autoría a uno u otro grupo político o a sectores vinculados a ellos. Esas conclusiones apresuradas solo enturbian el conocimiento sobre lo que ocurre en el Vraem que sigue causando dolor a las familias.
La filosofía nos recuerda que necesitamos distancia para reflexionar sobre las consecuencias y agudeza para criticar las realidades injustas en las que se encuentran nuestros compatriotas no tan lejos de la capital. Este proceso democrático llamado elecciones presidenciales está sacando lo peor de nosotros y polariza innecesariamente. Solamente siendo críticos con nuestras propias acciones saldremos de este hoyo en el que ha caído el país, y no solamente nos referimos a la pandemia.
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Sobre el autor:
Soledad Escalante
Docente principal de la Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanasen la Universidad Antonio Ruiz de Montoya