13 enero, 2020

[Artículo RPP] Soledad Escalante: Más allá de la ley jurídica

¿Hasta qué punto un abogado se entiende empoderado para sortear a la justicia en nombre de su cliente? Hay comportamientos que no podemos pasar por alto o normalizarlos como parte del ejercicio de la abogacía porque tienen mucho que ver con nuestra percepción de cómo debe conducirse una sociedad.

Teóricamente, una norma de nivel jurídico supone una exhortación común hacia cierto tipo de comportamiento reconocido como adecuado y beneficioso para la convivencia social. En la práctica, nuestro país posee un afán sistemático por la transgresión de la norma. Ello se refleja al atender a múltiples manifestaciones, pero podemos rescatar un caso muy particular: el oficio de los abogados.

Hay, muchas veces, grandes ideas en juego bajo la responsabilidad de los abogados, tales como el honor, la libertad y el juicio último de qué supone algo moralmente bueno, de acuerdo con la ley civil. Sin duda su trabajo es muy delicado y sacrificado. Algunos abogados ofrecen sus servicios mercantilmente (sin una acepción negativa). El problema es cuando cambian sus labores por dinero y, en buena cuenta, por el mejor postor y recurren a prácticas faltas de ética. Así, ciudadanos con mucho dinero, sea este limpio o no, pueden costear grandes firmas y los mejores abogados.

En ese sentido, no es inusual que una persona culpable busque limpiarse judicialmente con un buen abogado. En este caso, ¿qué es lo que está sacrificando el abogado? ¿tiene precio su integridad? El dilema ético se puede evidenciar claramente si alguien con mucha influencia monetaria, por ejemplo, atropellara a un ciudadano que no cuenta con los mismos recursos económicos. La justicia sería un insignificante montículo por el cual pasar por encima no supondría esfuerzo alguno.  

¿Hasta qué punto un abogado se entiende empoderado para sortear a la justicia en nombre de su cliente? Más aún ¿no es un agravante moral que el perjurio sea en contra de la fe pública y, más precisamente, en contra del público mismo, en el sentido de una idea de nación que merece justicia y verdad? Prestemos atención a una serie de sucesos recientes.

La esposa de un implicado en el caso de los aportantes fantasmas ha referido hechos que nos dejan mucho que pensar. A la pregunta de la fiscal Elvia Caro sobre por qué cambió su versión, contestó: “Mi abogada Giulliana Loza Ávalos me dijo que no mencione a mi esposo Jorge Yoshiyama y que siempre tenía que decir que el aporte era personal. Y que de esta manera yo no iba a tener ningún problema legal porque todo estaba bancarizado. (…) He confiado en la asesoría profesional de mi abogada. Me he dado cuenta después, cuando surgieron las detenciones preliminares, que ella estaba en realidad defendiendo a Keiko Fujimori, no estaba velando por mi defensa legal. (…) en retrospectiva, me doy cuenta, me indujo a ser inexacta en mis declaraciones. Me indujo a omitir información que en realidad no me perjudicaba” (declaración ante la fiscal Elvia Caro Izquierdo que fue dada a conocer por La República el 2/01/2020).

Hay una multiplicidad de elementos que derivan de estas declaraciones, que claro está son declaraciones de una persona implicada en un proceso y nuestro análisis no puede obviar ese contexto. Sin embargo, ponen en agenda cómo es que algunos actos faltos de ética se maquillan con el cumplimiento de normas legales. Así tenemos que se sostiene que el dinero, por estar bancarizado, se encuentra libre de mancillas, cosa cuestionable, luego que los dueños mismos de las corporaciones bancarias se vieran implicados en el caso. Pero lo más perturbador de las declaraciones es que una abogada defensora habría compelido a la testigo a mentir a los representantes de la justicia, lo que convertiría en a la asesoría legal en cómplice de un cliente turbio.

Puede existir una presunción de inocencia, puede haber confidencialidad y derecho a no ceder información que perjudique a su cliente, pero acaso ¿No estamos trastocando los valores de fondo? No vamos a adentrarnos en esa discusión ahora, pero, en un sentido que está más allá de la norma jurídica de convivencia social, podemos asegurar sin temblar que fomentar la mentira en los procesos de justica es algo nocivo para los ideales últimos de cualquier sociedad medianamente democrática.

No podemos obligar a nadie a ser veraz, ni podemos conocer muchas cosas en concreto, ni a cabalidad. Sin embargo, fomentar el engaño a una entidad que vela por la justicia de la nación, es, cuando menos, desde el ámbito moral y sociopolítico, aun cuando le ampare lo legal, una situación que no pasa desapercibida como problemática.

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