3 marzo, 2022

[Artículo RPP] Alonso Cárdenas: ¿Cómo va la Política Nacional de Transporte Urbano?

El diagnóstico que hace la PNTU pinta una realidad dramática. Sin un sistema sólido de seguimiento y sin un servicio civil profesional que sostenga políticas púbicas, no podremos lograr los urgentes cambios que el país requiere.

 El 10 de abril del 2019, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), aprobó la Política Nacional de Transporte Urbano (PNTU). Dicha política tiene como finalidad garantizar que la ciudadanía cuente con un transporte urbano sostenible y de calidad.  De acuerdo con la norma, el MTC es el responsable de implementar, hacer seguimiento y evaluar los resultados de la PNTU. La citada herramienta se diseñó bajo la metodología del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

El diagnóstico que hace la PNTU pinta una realidad dramática. De acuerdo con esta fuente, el caos que actualmente padece el transporte público tuvo sus orígenes en los años noventa, cuando los decretos legislativos 640 y 651 desregularon radicalmente esta actividad. Dichos decretos otorgaron total libertad de rutas y tarifas, posibilitando que cualquier persona, natural o jurídica, preste el servicio. A su vez, se promovió agresivamente la importación de autos usados.

Las consecuencias de estas y otras medidas profundizaron la anarquía en el transporte urbano. Por ejemplo, el parque automotor creció exponencialmente, pasando de 605 mil automóviles en 1990 a un millón 350 mil el año 2005, resaltando que el 80 % de los vehículos que ingresaban al país eran usados o siniestrados.

No obstante, el efecto más dramático de esta liberalización tiene que ver con la vida de los ciudadanos. Según la PNTU nuestro país tiene uno de los peores niveles de mortalidad por accidentes de tránsito de América Latina. La situación es tan grave que el International Road Assessment Programe indica que las pérdidas por accidentes de tránsito, contaminación del aire e inactividad física equivalen a 4 % del PIB.

Este escenario llevó a que la PNTU calificará al transporte público urbano nacional como de “microtransportación” (Tapia Grillo, 2011), vale decir una calidad paupérrima, con predominancia de vehículos de baja capacidad, antiguos, poco seguros, incómodos, en mal estado y con trato inadecuado por parte de choferes y cobradores. La situación se torna dramática para las niñas y las mujeres por los altísimos niveles de acoso, y también para las personas con discapacidad, ya que, salvo honrosas excepciones, la flota carece de elementos que faciliten su acceso.

Con el objeto de cambiar radicalmente esta vergonzosa situación, la PNTU cuenta con cuatro objetivos prioritarios al 2030: i) Contar con sistemas de transporte urbano público eficaces para el desplazamiento de las personas; ii) mejorar la gobernanza del transporte urbano de personas y mercancías; iv) desarrollar servicios de transporte urbano con adecuada infraestructura para los usuarios y; v) satisfacer las necesidades de transporte urbano de la población, en concordancia con el desarrollo urbano. De igual forma, la PNTU identifica servicios, estándares de cumplimiento, así como parámetros de seguimiento y evaluación, con sus respectivas fichas técnicas de indicadores.

Sobre este último punto la PNTU ha propuesto ocho indicadores que, de materializarse, tendrían un impacto positivo en la calidad de vida de la ciudadanía. Por ejemplo, al 2030, se espera reducir las víctimas mortales por accidentes de tránsito, aumentar la velocidad de viaje en transporte público, disminuir las emisiones de contaminantes y gases de efecto invernadero, incrementar el nivel de formalización del transporte urbano, por mencionar algunos. Sin embargo, la PNTU denota un problema grave, carece de líneas de base y metas en la totalidad de sus indicadores, por lo que el seguimiento se complica de sobremanera.

A manera de conclusión, se ha denunciado públicamente que el renunciante ministro del MTC es un paladín de combis, custers, colectivos y demás perlas de la informalidad. De igual forma, está claro que la gestión de Silva ha hecho caso omiso de la PNTU, a pesar que tiene un mandato legal que cumplir. La lección es que sin un sistema sólido de seguimiento y sin un servicio civil profesional que sostenga políticas púbicas, no podremos lograr los urgentes cambios que el país requiere.

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