29 noviembre, 2021

[Artículo RPP] Alonso Cárdenas: Conflictividad social y gestión pública

El desorden administrativo que carcome por dentro al Estado peruano tiene un fuerte impacto en el manejo de los conflictos sociales. Las autoridades públicas encargadas de la prevención y gestión de la conflictividad social deben estar sumamente atentas a este problema.

Nuevamente los conflictos sociales ponen en jaque al gobierno. Este escenario ya la hemos visto con todas las autoridades políticas electas democráticamente del siglo XXI. Difícil olvidar situaciones límite como la vividas en Tambogrande, Cerro Quilish, Corani, Bagua, Las Bambas, Pichanaki, entre muchas otras. Al respecto, son varias las consecuencias que la conflictividad social ocasiona al país, no obstante, destaco dos por su relevancia.

La primera y más importante tiene que ver con la vida e integridad de los ciudadanos; 299 personas perdieron la vida en contextos de conflictividad social durante el periodo 2004-2019, de acuerdo con data recopilada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo. Esta fuente indica que bajo el mandato de Alejandro Toledo murieron 17 personas, con Alan García la cifra creció exponencialmente hasta llegar a los 193 fallecidos, durante la gestión de Ollanta Humala el número se redujo a 73 víctimas mortales, mientras que en con PPK-Vizcarra se llegó a los 16 decesos.

La segunda consecuencia tiene que ver con las pérdidas económicas. Por ejemplo, un estudio de las universidades de Harvard y Queensland del 2014, halló que las operaciones mineras de clase mundial pierden el equivalente a 20 millones de dólares semanales en promedio, por cierres temporales o atrasos originados por problemas con el entorno social.

Al momento de escribir estas líneas la Defensoría del Pueblo registra 198 conflictos sociales a nivel nacional, 129 de los cuales está vinculado con temas socioambientales. Por otra parte, la Presidencia del Consejo de Ministros señala que a marzo del 2021 se identificaron 146 “situaciones de riesgo”, la gran mayoría también tiene que ver con las industrias extractivas.

Bajo la óptica de la gestión pública existe una multiplicidad de factores que explican esta situación, revisemos algunos de ellos.  El primer elemento tiene que ver con la rotación de altas autoridades. En el caso de la cartera de Energía y Minas, desde el gobierno de Valentín Paniagua a la fecha han pasado 23 ministros. Si a eso le añadimos la ausencia de un servicio civil, cada cambio de ministro se convierte en un cambio de gestión, afectando de una manera muy grave la implementación y la continuidad de las políticas.

Un segundo factor, muy vinculado con el primero, tiene que ver con la legitimidad de las mesas de diálogo. Al existir cambios constantes en prácticamente todos los ministerios, los acuerdos firmados y pactados en dichos espacios son más difíciles de implementar y monitorear. En este punto es clave la creación de una unidad de seguimiento y cumplimiento de acuerdos (delivery unit) en la Secretaría de la Gestión Social y Diálogo de la PCM.

Un tercer elemento va de la mano con las capacidades de las autoridades locales, es decir las entidades públicas más próximas al conflicto social, que además conocen de mejor manera sus entornos. Sin embargo, dichas entidades muestran también una importante fragilidad institucional. Un estudio de SERVIR (2016) sobre gobiernos locales, halló que el 10% de los trabajadores estaban en el régimen 728 o de la actividad privada, 28% eran nombrados, 30% eran CAS, 31% trabajaban bajo la modalidad de locación de servicios y 1% eran personal de proyectos de inversión. Un enorme desorden administrativo.

Finalmente, y no menos importante, la participación de las mujeres es sumamente escasa en espacios de diálogo. Un informe de la Defensoría del Pueblo identificó que las mujeres representan alrededor del 17% de los partícipes en espacios de diálogo. Si hacemos este análisis por sector, la participación femenina en representación del Estado es 20%; con respecto a la comunidad es 10% y vinculada a las empresas es 15%.

A manera de conclusión las autoridades públicas encargadas de la prevención y gestión de la conflictividad social deben estar sumamente atentas al desorden administrativo que carcome por dentro al Estado peruano, dado que dicho desorden tiene un fuerte impacto en el manejo de los conflictos sociales.

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