15 marzo, 2022

[Artículo RPP] Alonso Cárdenas: El precio del trigo se dispara

El gobierno debería estar diseñando una política pública para garantizar la seguridad alimentaria nacional, bajo dos vertientes: el incremento de la producción nacional y la calidad de nuestro trigo; y el desarrollo de alternativas como la harina de camote o panes de quinoa.

Los efectos económicos de la guerra entre Ucrania y Rusia comienzan a notarse. Uno de los rubros más afectados tiene que ver con el sector agroalimentario, en especial los cereales. Al 2020, de acuerdo con el sistema de recopilación de datos de las Naciones Unidas, Rusia, con 37 millones de toneladas, fue el principal exportador de trigo del mundo. A su vez, Ucrania ocupa la quinta posición con 18 millones de toneladas. Vale decir, ambos países representan alrededor del 30% de las exportaciones totales de trigo a nivel global.

Con la llegada del conflicto bélico y para evitar un desastre humanitario, el gobierno ucraniano tomó la decisión de prohibir la exportación de trigo. Por su parte, Rusia declaró que la prioridad estará en las panaderías nacionales y el mercado interno. Por si fuera poco, en estos dos países se teme que se afecten las próximas cosechas, debido a la escasez de mano de obra, combustible y semillas, con lo que la incertidumbre crece.

Y esta incertidumbre ya se refleja en los precios, el trigo acumula un alza de casi 40% respecto al valor al día previo de la invasión. Ante esta situación, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), advirtió que las interrupciones de las actividades agrícolas originadas por la guerra podrían agravar seriamente la inseguridad alimentaria a nivel mundial.  La FAO estimó que 50 países, incluyendo muchas de las naciones menos desarrolladas del Asia Pacífico y el África subsahariana, dependen del trigo ruso y ucraniano, lo que las deja especialmente vulnerables.

La situación en el Perú tampoco pinta bien. De acuerdo con Manuel Lajo, el 90% del trigo que se consume se trae de otros países. El experto argumenta que, a razón que se desmanteló la política arancelaria del país, la industria molinera prefiere importar y solo adquiere montos marginales del productor local. Lajo indica que el trigo que se consume en el Perú viene principalmente de Estados Unidos con 25%, Argentina con 16% y Canadá con 4%.

Si bien es cierto que casi no importamos trigo ucraniano o ruso, los costos actuales y futuros en el mercado internacional han convertido a este cereal en un alimento cada vez más difícil de adquirir por la gran mayoría de peruanos. Los precios de sus derivados como el pan, las galletas o las pastas se están incrementando de manera importante.

Ante esta coyuntura, la lógica indica que el gobierno debería estar diseñando una política pública para garantizar la seguridad alimentaria nacional, bajo dos vertientes claramente definidas: la primera tiene que ver con incrementar la producción nacional y la calidad de nuestro trigo. La segunda, desarrollar alternativas para el citado grano, por ejemplo, harina de camote o panes de quinoa, ambos producidos en nuestro país.

Sin embargo, hasta el momento el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Agrario no se ha pronunciado al respecto. La Segunda Reforma Agraria, lanzada con bombos y platillos durante el premiarato de Guido Bellido, contemplaba en su primer eje “lograr la seguridad alimentaria…, lo que contribuirá a disminuir la dependencia de la importación de alimentos e insumos básicos”. Sin embargo, esto parece que se dejó de lado, ante los constantes cambios, idas y venidas en el citado ministerio.

A manera de conclusión, se hace evidente que el volátil contexto internacional demanda definiciones claras en materia de políticas por parte del gobierno. En situaciones extremas el piloto automático no alcanza, es necesario liderar, convocar, definir, priorizar. En un aspecto crítico como la seguridad alimentaria, no vale escatimar.

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