8 agosto, 2023

[Artículo RPP] Alonso Cárdenas: Mucha atención con las cárceles

La política penitenciaria es un aspecto neurálgico de la estrategia pro seguridad ciudadana que está siendo totalmente dejado de lado por nuestras autoridades. En el mensaje a la nación por Fiestas Patrias, el tema mereció solo una referencia en un discurso de 72 páginas.

Dice el BID (2019) que las cárceles en América Latina “no sólo hacinan presos en poco espacio, también aglutinan entre sus paredes un microcosmos de desafíos que son la puerta para resolver el problema de inseguridad en nuestras calles.” Es decir, la evidencia indica que el sistema penitenciario juega un rol preponderante para abordar estratégicamente la crisis de inseguridad ciudadana. En julio del 2011, la Defensoría del Pueblo presentó el informe “El Sistema Penitenciario: Componente clave de la seguridad y la política criminal. Problemas, retos y perspectivas”. En dicho documento la DP alerta que el severo deterioro en las condiciones de infraestructura, seguridad, tratamiento y servicios básicos está propiciando que las cárceles se conviertan en escuelas de postgrado del crimen, vale decir, centros de generación de mayor delincuencia donde se planifican, organizan y dirigen acciones ilegales.

Han pasado 12 años de la publicación de informe de la Defensoría y la situación de las cárceles sigue empeorando. Señala el Instituto Nacional Penitenciario que la sobrepoblación carcelaria se ubica en el 112% en los 69 penales que actualmente existen en el país. No obstante, los casos más severos están en Chanchamayo, con 471% de sobrepoblación; Callao, con 466%; Quillabamba, con 375%; Abancay, con 362%; Camaná, con 361%; Castro Castro, con 325%; y Pucallpa, con 309%. Tal es la gravedad que Javier Llaque Moya, jefe del INPE, en una entrevista indicó que “hay penales que son el infierno en la tierra”.  A pesar de la importancia indispensable que tienen las cárceles para reducir los niveles de inseguridad ciudadana, el drama penitenciario mereció solamente una referencia en las 72 páginas del último discurso por Fiestas Patrias de la mandataria Dina Boluarte.

Al respecto, es necesario tener en consideración lo que está ocurriendo en dos países latinoamericanos, Ecuador y El Salvador. El primer caso es axiomático de lo que sucede en un país que pierde el control de sus prisiones. Desde el 2020, más de 468 personas han muerto debido a incidentes en las cárceles. La investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, Carla Morena Álvarez Velasco, indica que los penales son “recintos de la muerte”, donde el agua potable es un lujo, la atención médica es prácticamente inexistente, la alimentación es escasa y de pésima calidad, tampoco hay psicólogos ni psiquiatras, entre muchas otras carencias. Este entorno de desgobierno ha sido aprovechado por bandas criminales que han asumido el control absoluto y desde ahí dirigen las redes del delito. En otras palabras, la guerra de pandillas saltó el muro de las cárceles y llegó a las calles.

En el segundo caso el presidente Bukele tomó la decisión de construir una mega prisión como parte de su política draconiana de seguridad. En solo siete meses, el gobierno salvadoreño edificó la cárcel más grande de América, con capacidad para 40 mil internos.  El área total tiene 23 hectáreas, con ocho pabellones y un cerco perimétrico delimitado con un muro de hormigón de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros de largo, protegido por alambradas electrificadas.

¿Es posible erigir un recinto penitenciario así en el Perú? Todo parece indicar que no. Un ejemplo claro es el mega penal de Ica con capacidad para tres mil 200 reclusos. Desde el 2019 se anunció su construcción con bombos y platillos. No obstante, recién este 2023, cuatro años después, se tiene contemplado culminar la actualización del expediente técnico.

A manera de conclusión podemos destacar tres aspectos clave. El primero es que la política penitenciaria es un aspecto neurálgico de la estrategia pro seguridad ciudadana que está siendo totalmente dejado de lado por nuestras autoridades. Segundo, Ecuador es un claro ejemplo de lo que sucede cuando un país pierde el control de sus cárceles. Y tercero, toda estrategia de seguridad ciudadana pasa por tener capacidad de gestión pública. Sin gerencia ni liderazgo operativo no hay estrategia factible.

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