21 julio, 2022

[Artículo RPP] Alonso Cárdenas: Políticas públicas clave para reducir los impactos del cambio climático en América Latina

El BID calcula que para alcanzar la neutralidad de carbono al 2030, ALC deberá desembolsar entre 472 mil a 1 billón 2810 mil millones de dólares en inversión de capital social e infraestructura. No obstante los beneficios tendrán un valor muy superior, ya que se evitarán los peores impactos del cambio climático, propiciando dividendos sociales, económicos y ambientales.

En febrero del año 2022, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó un documento de trabajo donde revisa la evidencia existente en América Latina y el Caribe (ALC) para cumplir con el Acuerdo de París. El BID señala que si bien los estudios sobre los costos que generará el cambio climático en la región aún son incipientes, algunos ya apuntan que el precio de no hacer nada se situará alrededor del 16% del PBI, equivalente a 43 mil millones de dólares para el Perú. Otras investigaciones más específicas indican que un aumento del nivel del mar entre 20 y 40 centímetros al año 2050, propiciaría pérdidas económicas de un billón de dólares en las 136 ciudades costeras más grandes del mundo, Lima entre ellas.

Cavallo (2020), sugiere que los daños derivados de eventos naturales extremos le costaron a ALC 102 mil 700 millones de dólares solamente en el periodo 2013-2019. Por si fuera poco, el cambio climático tiene otros efectos dramáticos, muchos de ellos ocultados por la data macroeconómica. Para Hallegatte (2019), los pobres y los países más débiles poseen una menor capacidad para enfrentar olas de calor, precios altos de los alimentos, enfermedades transmitidas por el agua o los mosquitos y desastres naturales. Sobre este aspecto, un estudio de la OIT del año 2018, indicó que las olas de calor destruirán el equivalente de 2.5 millones de empleos en la región al 2030, siendo los más afectados los trabajadores informales como vendedores ambulantes y pequeños agricultores.

Ante esta situación límite, todos los países de la región se han comprometido en alcanzar la neutralidad de carbono al 2050, es decir emitir la misma cantidad de CO2 a la atmósfera de la que se retira. ¿Es esto factible? Los expertos del BID dicen que sí, pero deben llevarse a cabo cinco (05) tareas fundamentales e inmediatas. Estas son: i) generar electricidad mediante la utilización de energías libres de carbono, como la eólica, solar, hidráulica y geotermal, erradicando el uso combustibles fósiles; (ii) promover que el transporte, la industria y la calefacción no consuman combustibles fósiles; (iii) fomentar el uso transporte público, el caminar, la bicicleta y el teletrabajo, reduciendo al máximo el uso de transporte privado; (iv) modernizar la agricultura, impulsando prácticas de agroforestería, sistemas silvopastoriles y reducción del uso de fertilizantes y; (v) detener y revertir la depredación de los bosques y el deterioro de los ecosistemas.

El BID calcula que para alcanzar la neutralidad de carbono al 2030, ALC deberá desembolsar entre 472 mil a 1 billón 2810 mil millones de dólares en inversión de capital social e infraestructura. No obstante los beneficios tendrán un valor muy superior, ya que se evitarán los peores impactos del cambio climático, propiciando dividendos sociales, económicos y ambientales. Por ejemplo, cálculos del BID indican que se crearían 15 millones de empleos netos nuevos, adicionando un 1% de crecimiento económico en la región al 2030. En el Perú el beneficio económico de cero emisiones netas es de 140 mil millones de dólares al 2050, apunta

otro estudio del Banco Interamericano. Un sector muy favorecido sería el transporte, ya que el cambio de matriz generará un enorme ahorro de energía y menos autos redundarían en una menor tasa de accidentes. A su vez la reducción de la congestión vehicular propiciaría un enorme ahorro de tiempo, y los beneficios a la salud serían notorios al haber menor contaminación atmosférica.

A manera de conclusión, la agenda climática es la decisiva de cara al siglo XXI, sin embargo el actual gobierno parece no darse por aludido. El derrame de petróleo ocasionado por Repsol evidenció una serie de falencias e improvisaciones en los ministerios responsables de gestionar el desastre ambiental. De igual forma poco se ha logrado en la lucha contra la minería ilegal y ante presiones políticas, el gobierno decidió devolver el 70% del ISC aplicable a un combustible altamente contaminante como el diésel, contraviniendo todas las recomendaciones de organismos y expertos internacionales en la materia.

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