22 abril, 2022

[Artículo RPP] Alonso Cárdenas: Políticas públicas y violencia sexual contra la niñez

La prevalencia de violencia sexual contra adolescentes de 12 a 17 años de edad fue 31.8%. Al desagregarse los datos por sexo, encontramos que el 57.9% de mujeres adolescentes fueron víctimas de violencia sexual, frente al 42.1% de adolescentes varones

En un texto clásico en materia de políticas públicas, Luis Aguilar Villanueva señala que la agenda de gobierno no es otra cosa que el conjunto de problemas, demandas, cuestiones y asuntos que los gobernantes han seleccionado sobre los cuales deben actuar o tienen que actuar.

De acuerdo con este autor, uno de los factores que influye en la conformación de la agenda son los “mecanismos de disparo”, vale decir acontecimientos sociales (catástrofes, sucesos económicos, crímenes), donde la ciudadanía demanda respuestas rápidas y enérgicas por parte del gobierno.

Lo tragedia que sucedió con la menor de tres años secuestrada y ultrajada en Chiclayo, puede calificarse como un “mecanismo de disparo”, ya que la sociedad indignada reclama soluciones al gobierno ante un problema de gran magnitud que no había sido considerado en la agenda pública. Y efectivamente la data indica que estamos ante una situación inaceptable.

Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (2019), la prevalencia de violencia sexual contra adolescentes de 12 a 17 años de edad fue 31.8%. Al desagregarse los datos por sexo, encontramos que el 57.9% de mujeres adolescentes fueron víctimas de violencia sexual, frente al 42.1% de adolescentes varones. No obstante, ENARES identifica una tendencia de reducción de la violencia sexual contra adolescentes, ya que esta disminuyó en 14.1% entre los años 2013 y 2019.

Sin embargo, lo acontecido en Chiclayo generó una ola de aprovechamiento político. Congresistas que en el papel se ubican en tiendas políticas totalmente opuestas coincidieron en que el Perú debe renunciar al Pacto de San José y por ende a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su razonamiento es que al salirnos de la CIDH podremos aplicar la pena de muerte contra violadores y con eso se resuelve el problema. ¿Realmente es así? Estados Unidos no forma parte de San José y permite la pena de muerte en su legislación, no obstante, presenta datos terribles sobre violencia sexual contra la niñez.

En Estados Unidos, de acuerdo con el Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Sexual (NSVRC por sus siglas en inglés), una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños serán sexualmente abusados antes de que cumplan los 18 años; el 30% de las mujeres tenían entre 11 y 17 años de edad cuando fueron víctimas de violación; el 12.3% de las mujeres tenían 10 años o menos al momento de convertirse en víctimas por violación; el 27.8% de los hombres tenían 10 años o menos al momento de convertirse en víctimas por violación; El 96% de los violadores  son hombres y 76.8% de los violadores son personas adultas; finalmente el 34% de las personas que abusan sexualmente de niñas y niños son miembros de la familia del menor.

¿Qué hacer? Queda claro que medidas para la tribuna, sin rigurosidad científica como la castración química no atacan el problema de fondo. Lo que debe hacer el gobierno es implementar la Política Nacional Multisectorial para Niñas, Niños y Adolescentes al 2030- PNMNNA. Dicha política, aprobada en junio del año 2021, contempla como situación futura deseada la reducción de violencia sexual contra adolescentes. De igual forma propone un lineamiento para “incrementar el conocimiento de la sexualidad orientados a prevenir la violencia sexual, en las niñas, niños y adolescentes”. De igual forma señala que el Estado debe “incrementar el acceso oportuno a servicios orientados a la atención, recuperación y reintegración de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, trata y explotación sexual.”

A manera de conclusión, la evidencia señala que endurecer las condenas, implementar la pena de muerte o la castración química no atacan el problema de fondo. Lo que tiene que hacer el Estado peruano es fortalecer los mecanismos de implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas ya existentes para combatir la violencia contra la niñez.

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