Tras 19 años de la entrega del Informe Final de la CVR sigue pendiente la tarea de conocer y comprender lo que sucedió en nuestro país antes, durante y después del Conflicto Armando Interno ¿Cuánto ayudaría crear el Día nacional de las personas desaparecidas?
Han transcurrido 19 años desde la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación generando una amplia movilización de organizaciones, colectivos e instituciones públicas en actos conmemorativos que alimentan la memoria colectiva en torno al Conflicto Armando Interno (1980-2000). Este documento oficial contiene múltiples relatos que dan cuenta de lo que aconteció, explica cómo llegamos hasta allí, qué consecuencias nos trajo y que recomendaciones debe seguir el estado peruano para no volver a vivir otro acontecimiento similar. En agosto también se conmemora la masacre de Accomarca (14/08/1985) y el asesinato de 69 pobladores entre ellos 30 niños a manos del ejército peruano, y la partida de Mamá Angélica (20/08/2018), la mujer que representa a todas las madres que siguen buscando a sus hijas e hijos desaparecidos.
Mientras, en Colombia después de emitido el Informe final de su comisión de la verdad en junio pasado, el gobierno entrante de Gustavo Petro y Francia Márquez dispusieron ni bien llegados al poder, su amplia divulgación. Una de las estrategias más interesantes ha sido declarar el día del Informe en la totalidad de instituciones educativas públicas y privadas a nivel nacional para lo cual realizaron la primera jornada pedagógica “La Escuela abraza la Verdad” el 12 de agosto a cargo de Educapaz, una alianza de organizaciones de la sociedad civil. Y es que el gobierno actual ha asumido que “la verdad es la base de la paz”.
Si bien el camino hacia la verdad es largo y está plagado de engaños y encubrimientos, no podemos seguir postergando la indispensable tarea de conocer y comprender lo que sucedió en nuestro país antes, durante y después del Conflicto Armando Interno, y muy bien podemos emular la experiencia colombiana y echar mano de los múltiples recursos pedagógicos existentes para desarrollar jornadas en todas las instituciones educativas del Perú e impulsar las cátedras para la paz en todas las universidades.
Informarnos y prevenir otro acontecimiento similar es uno de los objetivos, pero hay otros igual de importantes: reconocernos para convivir mejor superando las desigualdades abismales que nos separan; y lograr la justicia que legitima el Estado de derecho y compensa de alguna manera las pérdidas humanas, exigiendo que las y los responsables políticos y materiales de todos los actos abominables y crímenes de lesa humanidad sean penalizados según corresponda.
El 11 de agosto la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú-ANFASEP junto con las organizaciones de derechos humanos y el Gobierno Regional de Ayacucho colocaron la primera piedra del “Santuario de la Memoria de La Hoyada” en la ciudad de Huamanga, en el mismo lugar que fue campo de tiro del cuartel “Los Cabitos” y en donde centenares de personas fueron ejecutadas y desaparecidas. En ese sentido el proyecto de ley del ejecutivo para declarar el 30 de agosto como Día nacional de las personas desaparecidas durante el período de violencia, expresaría la voluntad política de priorizar la búsqueda de los casi 20,000 desaparecidos.
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Sobre el autor:
Rossana Mendoza Zapata
Docente de la Escuela de Educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya