4 febrero, 2022

[Artículo RPP] Rossana Mendoza: Oscuridad

La escuela tiene la obligación de brindar una Educación Sexual Integral (ESI) a través de sus docentes y para lograrlo el sector educación produce los materiales y recursos necesarios para dichos procesos de aprendizaje. Hoy en nombre de la participación de los padres se pretende vulnerar el derecho de las niñas, niños y adolescentes.

Preocupa que el Proyecto de Ley 904/2021-CR que pretende impulsar la calidad de los materiales y recursos educativos con la participación de las madres y padres de familia se apruebe en el pleno del congreso. Se han manifestado en contra el mismo Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo, iglesias y cientos de organizaciones y colectivos en todo el país, pero ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué la Comisión de Educación, Juventud y Deporte siendo multipartidaria logra consenso en torno a este proyecto?

No es la primera vez que agrupaciones, organizaciones y sectores conservadores de las iglesias se oponen a los contenidos curriculares que deben desarrollarse en las instituciones educativas, en la mayoría de los casos relacionados a la salud sexual integral, que es una dimensión de nuestra vida en la cual todas y todos debemos educarnos. Reconocer nuestro cuerpo y cuidarlo; aprender las maneras en que se manifiesta nuestra sexualidad; y optar por las mejores formas de relacionamos unos con otros en respeto y armonía, resulta fundamental en la construcción de nuestra identidad individual y colectiva.

Las madres y padres asumen el desafío de la educación sexual todos los días con sus mejores recursos apoyándose en sus conocimientos y experiencias, pero aun vivimos en una sociedad en la que cuesta llamar a los órganos reproductivos por su nombre, tratamos temas relacionados al sexo, la sexualidad y la identidad sexual con bromas y preferimos evitar la vergüenza de aconsejar a los hijos en torno a su intimidad. Es por ello que la escuela tiene la obligación de brindar una Educación Sexual Integral (ESI) a través de sus docentes y para lograrlo el sector educación produce los materiales y recursos necesarios para dichos procesos de aprendizaje. Cuando la familia y la escuela abandonan su responsabilidad en éste ámbito, las niñas, niños y adolescentes resolverán sus dudas e inquietudes entre pares o frente a las pantallas de sus celulares y computadoras con peligrosas consecuencias.

El mes pasado en Chiclayo una niña de 12 años no solo fue violada, sino que llevó en silencio un embarazo durante 8 meses, y como consecuencia murió de un edema cerebral y congestión multivisceral. Como ella todas las niñas debieran recibir una educación que les permita alertar el acoso, actuar frente a los riesgos y demandar que su familia, la comunidad y el sistema de protección la cuide y atienda. De la misma forma, toda niña y niño debiera asumir el autocuidado de su cuerpo, establecer los límites en la intimidad, y al llegar a la adolescencia e iniciar su vida sexual, llevarla saludablemente sin violencia y saber dónde acudir por información, consejos y protección.

Hoy está en juego la agenda conservadora y retrógrada de un grupo de legisladores, que en nombre de la participación pretende vulnerar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a una educación sexual integral y mantenerlos en la oscuridad, sin recursos ni herramientas para construir vínculos sociales y afectivos que les permita una vida digna y responsable. No lo permitamos.

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